El portavoz socialista de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, defenderá el miércoles en la comisión parlamentaria del ramo una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que dé marcha atrás en la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno para luchar contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social porque, a su juicio, da cobertura legal a la 'amnistía fiscal' a la par que "criminaliza" a los trabajadores.
La reforma, que fue aprobada el 27 de diciembre pasado, "instrumentaliza" según los socialistas el derecho penal para la política fiscal "vulnerando de manera flagrante principios esenciales del derecho penal y que afectan a la seguridad jurídica y a derechos constitucionales como el de igualdad".
Así, la rebaja de la pena en uno o dos grados para quienes "tengan dinero para pagar lo que ya se le reclama" supone que "bastará poder pagar y regularizar para dejar de ser 'delincuente', máximo exponente del llamado derecho penal de los millonarios".
"Se beneficia a los delincuentes con recursos económicos y se da cobertura legal a la amnistía fiscal al ofrecer al defraudador la oportunidad de regularizar su situación tributaria con grandes facilidades, vulnerando de manera clara el principio de igualdad", insiste la iniciativa, que recoge Europa Press.
CRIMINALIZAR A TRABAJADORES Y PENSIONISTAS.
Por otra parte, el principal partido de la oposición también rechaza la criminalización de trabajadores y pensionistas que el PP ha introducido en el Código Penal, al prever penas incluso de cárcel para trabajadores, desempleados y pensionistas que defrauden al fisco o a la Seguridad Social, independientemente de la cantidad.
"Se equipara a las personas que reciben indebidamente una prestación con los responsables de grandes fraudes cuando para la reprobable práctica de cobrar una prestación que no te corresponde ya existen sanciones en el ámbito administrativo", recuerdan los socialistas.
Por ello, con su proposición no de ley reclaman la derogación de la modificación de los artículos 305 a 307 bis del Código Penal "en lo que vulnera el principio de igualdad, beneficiando al delincuente que tiene recursos económicos". En concreto, exigen que se recupere la consideración de la regularización fiscal como excusa absolutoria que exime, "exclusivamente, de la imposición de la pena y no, como se recoge ahora que la comisión del delito si se tiene dinero para pagar no acarrea ninguna consecuencia".
Además, piden que el pago en el plazo de dos meses desde que se descubrieron los hechos no sea suficiente para rebajar uno o dos grados la pena y que se derogue el artículo 307 ter, que "criminaliza a trabajadores, desempleados y pensionistas, en clara vulneración del principio de igualdad".
FISCALIZACIÓN POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
Los socialistas también han pedido que el Tribunal de Cuentas fiscalice la 'amnistía fiscal', ya que teme que el Gobierno haya incumplido su propia norma al aplicar un gravamen únicamente a los rendimientos de las cantidades regularizadas, y no al total de ese patrimonio, con lo que el pago efectivo ha bajado del 10% previsto en la norma a un porcentaje de entre el 1 y el 2%.
Por ello, el PSOE ha presentado una proposición no de ley reclamando que el órgano fiscalizador revise cómo se ha aplicado la medida, iniciativa que será debatida por la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas este martes.