La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, explica en una nota de prensa que muchas familias están pagando entre 200 y 400 euros mensuales más de lo que deberían por la hipoteca como consecuencia de la falta de "voluntad política" del Ministerio de Economía, que no ha aprobado aún el régimen transitorio necesario para la desaparición de los IRPH que, según la normativa, debería haberse producido hace casi dos meses, pero que han sido prorrogados hasta octubre.
"Un régimen transitorio que podría suponer un alivio para muchas familias, que verían cómo su cuota hipotecaria se reduce de forma considerable", ha lamentado la diputada, reclamando además que quienes tienen este índice de referencia en sus contratos puedan optar a que se les aplique alguno de los nuevos tipos oficiales y, de optar por el Euríbor, que el tipo máximo sea el 1%".
En la iniciativa, Iglesias pide también al Ejecutivo que adopte "medidas urgentes para garantizar la protección de los usuarios y transparencia en la información" que reciben al renegociar con las entidades las condiciones del préstamo hipotecario, recordando que podría haber cerca de un millón de familias afectadas por el IRPH. "El Gobierno tiene que posibilitar inmediatamente el alivio de las cargas hipotecarias de estos ciudadanos", ha apostillado.
TIEMPO INSUFICIENTE PARA RECURRIR
Además de esta proposición, Iglesias también ha registrado en la Cámara Baja una batería de preguntas relativas a la situación de los deudores hipotecarios y las consecuencias de la aplicación de las diferentes normativas que ha aprobado el Gobierno en lo que va de legislatura.
En primer lugar, la portavoz de Vivienda pide información sobre el número de personas que han solicitado la suspensión de la ejecución hipotecaria alegando la existencia de cláusulas abusivas, así como cuántos procesos se estaban sustanciando cuando se aprobó la normativa. En este sentido, aprovecha también para alertar al Gobierno de que el escaso plazo (un mes) permitido para oponerse a los procedimientos de desahucios y la falta de información podrían dejar "indefensos" a miles de ciudadanos.
A renglón seguido, la diputada también recaba información sobre los efectos de la moratoria de desahucios incluida en la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios. En concreto, pide saber el número de suspensiones de lanzamientos de vivienda habitual que se han producido por tratarse de familias en situación de especial vulnerabilidad, el número de personas que han solicitado esa suspensión y el número de lanzamientos que han seguido adelante.
Igualmente, reclama información respecto del total de ejecuciones, vía judicial y extrajudicial que han tenido lugar, sobre las subastas que se han producido y sobre el número de ejecuciones suspendidas por el tribunal atendiendo a la apreciación de cláusulas abusivas en el tiempo que lleva en vigor la ley.
Por último, Iglesias se interesa por la comisión de control del Código de Buenas Prácticas Bancarias, creado hace más de un año, para saber si ya se ha reunido y para reclamar información sobre el número, volumen y características de las operaciones solicitadas, ejecutas y denegadas en su aplicación.
Asimismo, pide datos sobre cuántos deudores han solicitado y obtenido la reestructuración de su deuda hipotecaria, o en su caso, una quita del capital pendiente al ser inviable la reestructuración; cuántos han obtenido la dación en pago transcurridos doce meses desde la solicitud, cuántos de ellos siguen en la vivienda en concepto de arrendamiento, y cuántas viviendas de las 6.000 del Fondo Social se han adjudicado.