{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La cláusula de garantía salarial es una cláusula que se solía incluir en los convenios colectivos que los trabajadores negociaban con las empresas. Esta cláusula obliga a actualizar las tablas salariales de dicho convenio en función de la inflación para que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo. Es decir, que los sueldos de los trabajadores sujetos a ese convenio tenían que actualizarse, al alza, cada año según la subida del IPC.
Esta cláusula de garantía salarial, hace un par de décadas presente en casi todos los convenios colectivos, es a día de hoy una 'rara avis', por lo que el incremento del IPC de este año (que cerró diciembre en torno al 7%) hará perder poder adquisitivo a la mayoría de trabajadores de nuestro país.
Sólo uno de cada seis trabajadores amparados por un convenio colectivo tiene una cláusula de garantía salarial que permite que su sueldo sea revisado al alza cada año en función de la inflación para que no pierda poder adquisitivo, protección que se concentra en convenios de empresa del sector industrial.
Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la cláusula de garantía salarial cubre a 1,23 millones de trabajadores amparados por 457 convenios colectivos, el 16,5 % de total de los registrados y con efectos económicos hasta noviembre.
En total, de enero a noviembre de este año se registraron 2.757 convenios colectivos con efectos económicos en 2021, que afectan a 7,3 millones de trabajadores, datos que contrastan con los registrados a comienzos del siglo XXI. En el año 2000 casi la mitad de los 5.252 convenios colectivos que había (2.311) contaban con una cláusula de salvaguarda, que beneficiaba a 6 millones de trabajadores de los más de 9 que había amparados.
Las cifras son parecidas en los siguientes años, hasta que la crisis financiera de 2008 provocó congelaciones y rebajas salariales que propiciaron la extinción de las cláusulas de garantía. Hasta noviembre de 2021 la subida salarial media aplicada en los convenios con efectos económicos de este años se situó en el 1,5 %, mientras que la inflación media de estos once primeros meses del año rozó el 2,8 %.
Un informe elaborado por CCOO exponía cómo la práctica totalidad de los trabajadores protegidos por convenio han tenido subidas por debajo de la inflación actual: al 25,6 % tiene pactados incrementos de entre el 0 y el 1 % para 2021; el 34,6 %, de entre el 1 y el 1,5 %; el 28,7 %, de entre el 1,5 y el 2,5 %, y solo el 11,1 % ha firmado incrementos salariales por encima del 2,5 %. "El repunte de la inflación en 2021 perjudicará en mayor medida a los sectores más precarios y vulnerables", señala el citado informe.
La mayoría de los convenios con cláusula de garantía son de empresa (337), pero sólo afectan a 71.071 trabajadores, repartidos entre compañías industriales (48.197) y de servicios (21.516). El resto (120) son convenios sectoriales que, no obstante, amparan a casi 1,2 millones de empleados repartidos también en los ámbitos industriales (730.430) y de los servicios (395.802).
Los líderes sindicales han subrayado que 2022 debe ser un año de aumentos de salarios y han insistido en que hay margen para que los sueldos suban. Desde la patronal, su presidente Antonio Garamendi ha pedido "prudencia" a la hora de valorar subidas de los salarios vinculadas al IPC, una línea que también ha señalado el Banco de España.