Esta variación salarial supera en nueve décimas la tasa del IPC interanual de mayo (-0,2%) adelantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y cuyo dato definitivo se conocerá mañana, 12 de junio.
La subida salarial pactada hasta mayo se encuentra dentro de los parámetros del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2015-2017, que establece subidas salariales para este año de hasta el 1%.
A 31 de mayo de este año se habían registrado en total 926 convenios colectivos, un 14,2% más que en los cinco primeros meses de 2014, con efectos sobre 2.707.600 trabajadores, cifra un 22,6% inferior a la del mismo periodo del año pasado.
La mayor parte de los convenios registrados, 763, iniciaron sus efectos económicos antes de 2015, mientras que sólo 163 convenios han sido firmados este año. Estos convenios nuevos recogen una subida salarial media del 0,75%, mientras que los convenios con efectos económicos anteriores a 2015 contemplan un alza salarial del 0,73%.
Del total de convenios registrados hasta mayo, 654 eran convenios de empresa, con efectos sobre 157.406 trabajadores, mientras que 272 eran convenios de ámbito superior al empresarial y daban amparo a más de 2,55 millones de trabajadores.
La subida salarial media pactada en los convenios de empresa se situó en el 0,56%, inferior a la de un año antes (0,58%), en tanto que el incremento salarial de los convenios de otro ámbito alcanzó el 0,74%, superior a la de los cinco primeros meses de 2014 (0,54%).
SUBIDAS INFERIORES AL 1% EN SIETE DE CADA DIEZ CONVENIOS.
Siete de cada diez convenios registrados hasta mayo recogían una subida salarial inferior al 1%. Sólo siete convenios de empresa y uno de ámbito superior contemplaban un recorte de sueldos, del 3,91% de media en el primer caso y del 8% en el segundo, mientras que 311 congelaban los salarios (264 convenios de empresa y 47 de otro ámbito).
De los 654 convenios de empresa registrados hasta mayo, 594 pertenecían a empresas privadas, con una subida salarial media del 0,63%, mientras que 38 pertenecían a empresas públicas, dos a la Administración del Estado, y 20 a administraciones autonómicas y locales.
En las empresas públicas se contemplaba una subida salarial media del 0,26%, mientras que en los convenios de la administración estatal y autonómica las retribuciones permanecieron congeladas o prácticamente congeladas.
Por sectores, la mayor alza salarial pactada la registró la agricultura (+0,81%), seguida de la industria (+0,72%), los servicios (+0,66%), y la construcción (+1,31%).
813 'DESCUELGUES' HASTA MAYO.
La estadística de Empleo revela además que hasta mayo se registraron 813 inaplicaciones de convenios, un 33,3% menos que en igual periodo de 2014, que afectaron a 24.643 trabajadores, un 43,6% menos.
El 74,7% de los trabajadores afectados por inaplicaciones en los cinco primeros meses del año se concentraron en el sector servicios, donde se produjeron 656 'descuelgues', mientras que 5.332 afectados pertenecían a la industria (113 'descuelgues'), 617 al sector de la construcción (38 inaplicaciones), y 296 al sector agrario (6 inaplicaciones).
Asimismo, el 44,1% de los trabajadores afectados hasta mayo por inaplicaciones de convenio está empleado en empresas de 250 trabajadores o más, donde se produjeron 27 'descuelgues', si bien la mayor parte de las empresas que piden inaplicar el convenio (85,3%) tienen plantillas de entre 1 y 49 trabajadores.
La mayor parte de las inaplicaciones presentadas hasta mayo, el 92,9%, indican que se han 'descolgado' de la cuantía salarial pactada en convenio. En concreto, el 64,6% señala que sólo se han 'descolgado' de la cuantía salarial, mientras que el 12,1% ha inaplicado el sistema de remuneración además de la cuantía salarial.
El 90,8% de los 'descuelgues' se resolvieron con acuerdo entre las partes en el periodo de consultas y el 96,4% han inaplicado un convenio o varios de ámbito superior a la empresa, de acuerdo con los datos del Ministerio.
El descuelgue de los convenios supone la revisión de las condiciones laborales en las empresas. La reforma laboral introducía mayor facilidad para que empresarios y trabajadores pudieran pactar estas inaplicaciones. El objetivo, según el Gobierno, era el de evitar despidos.