Lo ha dicho en rueda de prensa después de reunirse con entidades de consumidores, asociaciones de vecinos, sindicatos y colegios profesionales, a quienes ha trasladado las incongruencias legales y políticas de la norma, que "puede atentar contra el ordenamiento constitucional" en la dimensión competencial --del consumidor-- y también contra los derechos de realización de una infraestructura como esta.
El Síndic ha pedido que no se haga ningún pago hasta que "se depuren responsabilidades de la empresa" y se disponga de los informes y estudios que constaten la corrección del mantenimiento y la explotación de la planta de inyección de gas.