Los sindicatos solicitaron una reunión urgente el pasado 24 de mayo para evitar la situación a la que se pueden enfrentar los trabajadores de los ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas si finalmente se pierde la vigencia de los convenios colectivos denunciados antes de la entrada en vigor de la ley y que no hayan sido renovados antes del 7 de julio, tal y como regula la ley 3/2012.
UGT y CC.OO han solicitado en este documento que se garantice una prórroga en la negociación de los convenios que todavía no han llegado a acuerdo y en los que las negociaciones están estancadas. La FEMP, por su parte, se ha comprometido a elevar "de manera inmediata" las peticiones de los sindicatos a la Comisión de la Función Pública.