El director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas (IMF) de la Universidad Camilo José Cela, David Taguas, ha advertido de que la adscripción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no permitiría cumplir los importantes objetivos para los que ha sido creada.
Taguas cree que la AIRF sólo puede estar adscrita al Congreso de los Diputados, y el nombramiento de su director o presidente debe hacerse por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno por un único período no renovable. En cuanto a su estructura, considera que debe haber un subdirector, el Consejo de Gobierno y el Consejo Asesor.
El Consejo de Gobierno debería estar compuesto por el director, el subdirector, seis consejeros, un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, un representante del Ministerio de Hacienda y tres representantes de las comunidades autónomas.
En su opinión, los criterios de nombramiento y duración del cargo de los consejeros podrían ser similares a los del director, pero sería conveniente que sus mandatos se solapasen para desvincular la AIRF del ciclo electoral nacional.
El Consejo Asesor estaría formado por seis profesionales de reconocida competencia en asuntos fiscales (y no necesariamente españoles) designados por el Gobierno a propuesta de los ministros de Economía y Competitividad y de Hacienda y con un mandato no renovable.
El expresidente de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estima que la creación de la AIRF "debe suponer el inicio de un cambio institucional que sitúe a España en el lugar que le corresponde".
"Su impulso debe entenderse como la inequívoca voluntad del Gobierno y del Parlamento español de dotar a las instituciones fiscales de la máxima credibilidad y reputación, situándolas entre las de mayor prestigio en el mundo. Sólo así se podrán alcanzar los importantes objetivos que se encomiendan a la AIRF", afirma.
El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto ley orgánica que permite la creación de la autoridad fiscal independiente e introduce mecanismos de supervisión y transparencia a todas las administraciones públicas.
La reforma del artículo 135 de la Constitución exigió la elaboración de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, que desarrolló los principios de estabilidad presupuestaria, estableció el criterio de equilibrio estructural para las distintas administraciones públicas, objeto de la limitación impuesta por el referido artículo, y estableció las responsabilidades de cada administración pública en caso de incumplimiento.
La dificultad para estimar la situación cíclica de la economía y su impacto sobre las cuentas públicas aconsejan que estas importantes responsabilidades se asuman, de manera vinculante para todos las partes interesadas, por un organismo independiente.
La independencia esta institución debe asegurar la credibilidad de las estimaciones del déficit estructural y de la deuda y garantizar su aceptación por un amplio espectro del espacio político.
También debe ofrecer al Parlamento y a la opinión pública una fuente de información objetiva con la que enriquecer el debate sobre política económica. Igualmente, reforzaría el proceso de estabilidad presupuestaria y la credibilidad y reputación internacionales de la política fiscal y presupuestaria española. Con su creación, España se une a un creciente grupo de países que cuentan con instituciones similares, como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Japón, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, entre otros.