Básicamente se tratan de tres concursos públicos cuya adjudicación se producirá semanas antes de que comience la campaña electoral, que suman un total de 2.588 millones y en las que pujarán importantes grupos económicos del sector de la energía, de la construcción y de las telecomunicaciones.
El más relevante es el que promueve Gisa, la empresa adjudicadora de infraestructuras de la Generalitat, que depende del Departamento de Obras Públicas, para construir dos nuevas prisiones en Cataluña, una inversión que supone en su conjunto un total de 1.749 millones de euros.
Las nuevas cárceles catalanas se construirán en régimen de concesión, de forma que las constructoras cobrarán un canon durante treinta años.
Para el diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó, "formalmente no se puede discutir que un gobierno tiene la capacidad para tomar estas decisiones, incluso justo antes de las elecciones, pero este tipo de cosas se deberían limitar a casos de máxima urgencia y sin superar determinados umbrales de gasto, y más en un momento de crisis como éste"
"Por ello pedimos al Govern que aplique el sentido común en esta cuestión y, en nuestra opinión, hubiera sido razonable como mínimo comentar con la oposición qué concursos eran absolutamente vitales para el futuro de Cataluña, algo que no ha sucedido", ha lamentado este diputado en declaraciones a Efe.
Sólo el coste de la concesión del centro de presos preventivos de la Zona Franca de Barcelona, que implicará el cierre de la Modelo, ya supone 960 millones de euros.
Por otro lado la nueva prisión de Tàrrega (Lleida) suma otros 789 millones, lo que supone una inversión total de 1.749 millones, incluyendo la construcción de las dos cárceles y la conservación de las mismas durante los treinta años a través de senda concesiones con un canon que abonará la Generalitat al ganador.
El primer consorcio que aspira a construir las nuevas cárceles está formado por Acsa, Corsán-Corviam y Quatuor que se enfrentan a la UTE configurada por Construcciones Rubau, Copisa, FCC y Obrascón.
La fecha prevista para otorgar este concurso será a finales de octubre o principios de noviembre, pero no ha sido clarificada todavía por el departamento.
El segundo en importancia es el concurso el concurso público para la adjudicación de las siete Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) que impulsa el Departamento de Economía para la construcción de parques eólicos con 769 megavatios (MW) de potencia instalada.
Fuentes del sector de energía eólica consultados por Efe calculan que cada MW supone 1 millón de euros de inversión, por lo que la inversión asociada a este concurso sumará más de 769 millones.
En este concurso pujan dieciocho grupos, entre los que destacan la constructora Comsa-Emte que ha presentado oferta junto con Gamesa; el grupo Fersa unido a Aventalia; Gas Natural Fenosa, asociada con la multinacional francesa Alstom; e Ibereólica Catalunya, impulsada por el presidente de La Seda, José Luis Morlanes.
El último y menos importante en volumen son los 70 millones que se destinará la gestión para la concesión del operador neutro de la Generalitat, para los cuales sólo hay una única oferta de Mediapro, aliado con el grupo canadiense de telecomunicaciones Axia y que está previsto que se otorgue a finales de septiembre.
No es la primera vez que el tripartito recurre a la práctica de concesiones de concurso multimillonarios a la puertas de una convocatoria electoral y así antes de las pasadas autonómicas, que se celebraron el 1 de noviembre del 2006, el Departamento de Interior, otorgó la licencia para el nuevo Casino de Lloret a un grupo liderado por el empresario Juan Lao, el seis de octubre, menos de un mes antes de la convocatoria electoral, para una inversión de 70 millones de euros.