En un comunicado, el sindicato subraya que "adoptar medidas de esta índole, sin ningún tipo de información y negociación previa con los representantes de los trabajadores, genera gran incertidumbre y tensión entre los empleados públicos".
Así, advierte de que gran parte de los 37.700 millones de ahorro previstos por el Gobierno "quedarán a expensas de las comunidades autónomas y otra parte puede vulnerar el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración".
De esta manera, recuerda que las supresiones y fusiones de Organismos de la Administración General del Estado planteadas por el Ejecutivo cambian sustancial y unilateralmente las condiciones laborales de los empleados públicos y "deben negociarse previamente, tal como contempla el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)".
Asimismo, FSP-UGT, que señala que parte de las medidas que plantea el Gobierno ya están en funcionamiento en las Administraciones Públicas", subraya que "el afán recaudatorio y de ahorro no puede poner en peligro las garantías de los ciudadanos en los procesos con las Administraciones".
Además, destaca que la creación de una bolsa de funcionarios está incluida en el EBEP, bajo la denominación de movilidad interadministrativa, y si se plantearan cambios esenciales en su funcionamiento "tendrían que acordarse dentro del marco adecuado".