Según denuncia, esta norma ha producido la desaparición de gran parte de los servicios sociales públicos, lo que ha afectado a la atención de la ciudadanía y ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en el sector.
El sindicato reclama a las fuerzas políticas que aborden reformas concretas en aquellas políticas públicas relacionadas con la defensa de los trabajadores, la defensa del Estado de Bienestar y las políticas de protección social: salud, educación, vivienda, servicios sociales o empleo.
La FeSP-UGT pide además que se revise el Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negociación colectiva para recuperar los derechos laborales "arrebatados" en la Función Pública durante la crisis, así como garantizar la recuperación de los salarios y el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos.
También demanda una oferta de empleo público suficiente para prestar servicios de calidad que den respuesta efectiva a los problemas y necesidades de la población.