La huelga comercial, de una semana de duración, será la novena que desde 2008 lleva a cabo el campo en rechazo a las políticas de Fernández, quien cumple el último año de su mandato y guarda silencio sobre si optará a la reelección en los comicios de octubre próximo.
El detonante fueron las crecientes reclamaciones de productores de trigo por los cupos a la exportación de granos que fija cada año el Gobierno desde 2006, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y evitar que las alzas de los precios internacionales de los granos impacten en el mercado local.
Los productores de trigo sostienen que esta regulación anula la competencia entre los molineros y los exportadores, con lo cual sufren pérdidas del 20 por ciento en relación con el precio internacional luego de descontados los impuestos a la exportación (unos 60 dólares por tonelada del grano).
El cese de la comercialización de granos fue anunciado el miércoles pasado, cuando las patronales agropecuarias consideraron "insuficiente" que ese mismo día el Gobierno liberara la exportación de trigo, lo que permitirá colocar un remanente de tres millones de toneladas del cereal.
Las asociaciones del campo, que reúnen a unos 290.000 afiliados, también consideraron "más de lo mismo" la concesión de créditos por 210 millones de dólares a seis meses de plazo y sin intereses, presentada por Fernández el martes, para que los "trigueros" puedan retener su cosecha para venderla en el momento del mejor precio.
"No hay ningún instrumento que esté vinculado a la falta de cupos exportables y el precio que le pagan a los productores de trigo", declaró el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al retar a los agricultores que "le expliquen a la gente" por qué hacen una huelga sin motivos.
"Sembramos para vender trigo: no para cosechar créditos", insistió a Efe el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, quien subrayó que hay miles de productores a la espera de cobrar subsidios prometidos mientras se demora la devolución de impuestos internos en la exportación de granos.
El conflicto no afectará a los exportadores, la mayoría multinacionales, porque cuentan con grandes inventarios, dijeron a Efe fuentes del sector.
Varios dirigentes agropecuarios aparecen como posibles candidatos a cargos electivos en los comicios de octubre, cuando también se renovará al Parlamento y los gobiernos provinciales y municipales, así como sus respectivas legislaturas.
"Estamos en el medio de una pelea de grandes intereses que no nos da soluciones a nuestros problemas", aseguró Daniel Álvarez, propietario de una explotación agrícola de 80 hectáreas en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en la rica pampa agropecuaria.
"Luego de la cosecha, nos presionan los proveedores y el fisco, por lo que no podemos retener el grano por mucho tiempo y no creo que pueda acceder a tiempo a los créditos del Gobierno", apuntó a Efe.
El campo mantiene un pulso con el Ejecutivo desde mediados de 2008, cuando el Parlamento impidió la entrada en vigor de un sistema de impuestos móviles a las exportaciones de granos, que, según los agricultores, son muy altos.
Una docena de dirigentes agropecuarios accedieron al Parlamento tras las elecciones legislativas de junio de 2009, en las que el triunfo de coaliciones opositoras arrebató al gobernante Partido Justicialista (peronista) la mayoría parlamentaria.
Los llamados "agrodiputados" no lograron influir para atenuar la presión del Fisco sobre agricultores y ganaderos ni frenar las regulaciones gubernamentales.
Alejandro Méndez