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La Junta Electoral Central ha decidido ir un paso más allá y ha abierto a los populares el primer expediente sancionador por la acumulación de infracciones cometidas contra la Ley Electoral durante la precampaña, un período en el que está prohibida la propaganda política.
El órgano responde así el recurso interpuesto por el Partido Socialista de Galicia (PSdeG) contra la decisión de la Xunta Electoral gallega que, simplemente, ordenó la retirada del vídeo, difundido en las redes sociales de los populares, ‘Illa de Estabilidade’, en precampaña electoral.
Entre otros argumentos, el órgano central señala que los efectos derivados de la difusión del vídeo "perviven" en internet pese a que sea retirado y alude a la reiteración de infracciones por parte de los populares del artículo 53 de la ley electoral.
En concreto, se recuerda que, en el segundo párrafo de este artículo, la norma determina que "desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral (...), no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones".
Así, la Junta Electoral Central apunta que, aunque la Xunta gallega haya acordado que el vídeo 'Illa da Estabilidade' fuese retirado de las redes sociales, eso "no impide que los efectos derivados de su difusión pervivan en un medio como internet".
Pero también se alude a que la documentación evidencia que ya en días previos la propia Xunta Electoral de Galicia adoptó dos acuerdos más en los que estimaba que el PP había cometido "otras tantas infracciones" contra la normativa electoral.
Además, el órgano recuerda que ya ha señalado, de forma reiterada, que son las circunstancias concretas las que justifican cuándo abrir expediente y agrega que en distintas ocasiones se ha optado por dar este paso sin un apercibimiento previo "atendiendo a otras circunstancias como la gravedad o la pluralidad de acciones infractoras realizadas".
Ahora, la Junta Electoral Central le ha devuelto el asunto a la Xunta gallega, que será la que tenga que aplicar la sanción. Ante esta decisión cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
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