La Fiscalía denuncia al FC Barcelona por corrupción continuada en el 'caso Negreira'

La Fiscalía ha decidido denunciar al FC Barcelona por corrupción continuada en el deporte debido a los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia señala al club azulgrana como responsable del delito y también al expresidente de la entidad, Josep María Bartomeu.

Así lo ha confirmado 'El País' este martes. La denuncia que a a presentar la Fiscalía se dirige contra el FC Barcelona como persona jurídica, según han confirmado fuentes judiciales, después de que se publicasen pagos por valor de siete millones de euros entre los años 2001 y 2018, que es cuando se habría dejado de pagar a Negreira.

La denuncia se ha remitido ya a la Fiscalía General del Estado para ser visada y se interpondrá tanto contra José María Enríquez Negreira como contra Josep María Bartomeu, destacan las mismas fuentes consultadas. El mismo rotativo asegura que en el período de los supuestos pagos también dirigieron al club otros presidentes que también podrían verse salpicados en la trama: Joan Gaspart, Joan Laporta y Sandro Rosell.

La Fiscalía acusará al club azulgrana de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. La investigación comenzó el mes de mayo del año pasado por las irregularidades fiscales de la empresa Dasnil SL, creada por José María Enríquez Negreira en 1995 (un año después de tomar el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros) y en la que trabajaba también su hijo Javier Enríquez.

La denuncia pasará ahora a un juzgado de Barcelona tras recoger las conclusiones de las autoridades, que han realizado una exhaustiva investigación. La Fiscalía contempla que el delito sea en su modalidad continuada (desde 2010), ya que los pagos se produjeron de forma ininterrumpida, al menos, desde 2001 y hasta julio de 2018, cuando el equipo de Josep María Bartomeu habría puesto fin a esas prácticas. La denuncia debe ser admitida a trámite por el juez y, en caso de ser aprobada, el caso iría por vía penal con posibles importantes consecuencias.