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El Defensor del Pueblo ha recibido 31.077 quejas en 2022, que supone 2.062 más que el año anterior. La mayoría de ellas relacionadas con la atención sanitaria , la Seguridad Social y el empleo, la Administración de Justicia, Ministerio de Interior, educación, migraciones, según datos del 'Informe Anual 2022' del Defensor, publicado este lunes, .
Sobre la Atención Primaria, la entidad que dirige Ángel Gabilondo ha ha tramitado un "número significativo" de quejas de ciudadanos y profesionales, especialmente en la Comunidad de Madrid, en "más de 60 centros sanitarios, entre centros de salud, consultorios y centros de urgencias extrahospitalarias".
La mayoría de las recomendaciones del Defensor del Pueblo han estado dirigidas a Madrid. Entre ellas una petición para reforzar la atención en el Centro de Salud Abrantes, en Madrid, a fin de que pueda prestarse servicio en turnos de mañana y tarde, así como reducirse la presión asistencial sin que esta haya sido llevada a cabo.
Igualmente, el informe recoge las quejas sobre los cierres de los centros de urgencias extrahospitalarios, particularmente en Madrid para los que el Defensor pide "servicios próximos, capaces de prestar una atención de 24 horas a situaciones de menor complejidad, o no necesitadas de acudir inmediatamente a un centro hospitalario".
El documento recuerda que ya en verano el Defensor se dirigió a la Comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso pidiendo que "reanudara cuanto antes" la atención en los centros de urgencias extrahospitalarios, pues permanecían cerrados desde marzo de 2020. La Consejería de Sanidad madrileña anunció su reordenación, pero los trabajadores siguen convocando paros ante su rechazo a este nuevo modelo. El Defensor, mientras tanto, "ha solicitado más información" a Madrid.
Otra queja en la que el Defensor se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid es en la sustitución del liderazgo de los médicos de familia por enfermeros en los centros de salud. La entidad no se posiciona en este asunto y solo apunta que "ha solicitado más información sobre la solución para los centros que no pueden contar en algún momento con un profesional médico de presencia".
Al margen de la Comunidad de Madrid, el Defensor también ha detallado otras actuaciones en el resto de comunidades autónomas, aunque "en un número bastante inferior" por la presión asistencial y la demora para consulta en 14 centros de Andalucía y en 10 centros de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha, siendo menor el número de centros objeto de supervisión en CCAA como Galicia, Cataluña, Aragón, Murcia y el resto de territorios.
El Defensor ha criticado que las demoras para recibir atención en consulta con personal médico o de enfermería "superan en muchos centros de Atención Primaria, particularmente en grandes ciudades o zonas metropolitanas, el plazo de varios días y hasta semanas" con lo que se "desvirtúa la propia naturaleza de la Atención Primaria, basada en la proximidad y la continuidad asistencial".
Una de las razones de esta situación, según el Defensor, es la "menor proporción de presupuesto que destinan a ella las administraciones autonómicas" frente a la Atención Especializada.
Otro de los motivos es "el insuficiente número de profesionales sanitarios disponibles". "Todas las administraciones citadas conocen esta circunstancia desde hace años, sin que parezca que los acuerdos y medidas que se adoptan eviten el proceso de adelgazamiento y envejecimiento de las plantillas de personal", esgrimen al respecto.
Por todo ello, piden un "acuerdo estable" en toda España y una "coordinación reforzada" para paliar "la deriva en que se encuentra el sistema, por lo que se refiere a las especialidades médicas más deficitarias". De entre todas ellas, el Defensor destaca la Medicina Familiar y Comunitaria, la "columna vertebral de la Atención Primaria".
El Defensor reivindica que los profesionales de Atención Primaria "necesitan tiempo para realizar en condiciones óptimas su labor asistencial, para aplicar métodos innovadores que modernicen y hagan más resolutiva la atención que prestan o para mantener al día sus conocimientos en contacto con otros campos y especialidades sanitarias".
Según Ángel Gabilondo, "los ciudadanos han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones no deben descuidar la Sanidad ni los servicios públicos esenciales por ser fundamentales en un Estado de Derecho robusto, justo y solidario".
Asimismo, ha precisado que las quejas de los ciudadanos también se han dirigido a "que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial para personas que, por determinadas circunstancias, tienen dificultad para acceder a la comunicación virtual u online".
En este mismo sentido, Gabilondo ha puesto de relieve que han sido "cuantiosas" las quejas recibidas "por la dificultad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de conseguir cita en oficinas de la Seguridad Social y en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES)".