El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha acordado modificar la situación procesal de testigo a investigada de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez

En un auto del magistrado Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso Europa Press, se apunta a que tras su testifical y una vez recabados informes "sobre su intervención" en los hechos, "se acuerda dirigir la investigación" contra ella.

También ha decidido, en otro auto al que ha tenido acceso EFE, acceder a su registro de llamadas realizadas desde que fue nombrada hasta ahora a la Universidad Complutense, al empresario Juan Carlos Barrabés y a números vinculados con su grupo, así como a teléfonos vinculados con el Instituto de Empresa, el África Center, la OMT, Indra, Google, la Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, la Fundación Caixa o Reale, además de cualquier otra entidad que patrocinara el máster o la cátedra en las que participó Gómez.

"Se acuerda dirigir la investigación contra Cristina Álvarez como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios investigados", indica.

Álvarez declaró el pasado 20 de diciembre como testigo ante Peinado, a quien explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Begoña Gómez para gestionar su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad.

Su nombre aparece en correos que obran en la causa, tanto en algunos enviados desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con una plataforma de la cátedra que codirigía Gómez, como en otro enviado por ella desde una cuenta personal a la directora de Comunicación de la empresa Reale para pedir que siguieran copatrocinando la cátedra.

Durante su declaración ante el juez, Álvarez expuso que cuando Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno, Begoña Gómez le indicó que le habían comentado que podía tener una persona de confianza como asesora y se lo ofreció a ella: un cargo eventual, adscrito al gabinete de Presidencia del Gobierno, con un nivel 26 y un sueldo de 49.000 euros al año.

Su misión es mantener un entorno de seguridad y eficiencia y reporta directamente a Gómez, quien le indicó que su puesto había existido con otros Gobiernos, como ha defendido en numerosas ocasiones públicamente el Ejecutivo.

Respecto de los correos de la Universidad Complutense de Madrid sobre el registro y los pliegos de condiciones sobre una plataforma para la cátedra que codirigía Begoña Gómez, planteó al juez que la incluían en copia para confeccionar la agenda de la investigada, pero que ella los eliminaba porque no le interesaban.

En cuanto al correo dirigido a la directora de Comunicación de la empresa Reale, argumentó que lo hizo porque la mujer del presidente le pidió un favor y ella se lo hizo como amiga.

La asesora explicó que acompañaba a Begoña Gómez a reuniones en diferentes lugares, como el Instituto Empresa, pero no recuerda el contenido de esos encuentros ni otros detalles sobre los que ha sido cuestionada.

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