La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena al primer edil y su antecesor, así como a los exediles Eduardo Anguita Benítez e Ignacio Francisco Pérez Cabreras, por un delito de prevaricación, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a cada uno comprendiendo la pena la privación de los cargos de alcalde o concejal y la prohibición de obtenerlos en el tiempo de duración de la condena y costas incluidas las de la acusación.
Del mismo modo, el juez absuelve a otros cuatro imputados como son Jorge Peregrín Pérez, María Antonia López, Eduardo Anguita --exportavoz del Grupo Independiente de Otura (GIO) en la anterior corporación, y la actual concejal María Dolores Dobaño.
El caso, contra cuya sentencia conocida este sábado cabe recurso, surge de la compra por parte del equipo de Gobierno de Otura de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento de la localidad, pese a los informes técnicos desfavorables, y una tasación municipal muy por debajo de esa cantidad.
La operación se remonta al mes de septiembre de 2007 y fue aprobada siendo regidor Fernández-Sanz, que dimitió de su cargo tras la denuncia que interpuso su equipo de gobierno por supuestas irregularidades en las facturas presentadas para el pago a proveedores, y que abandonó las filas del PP incorporándose a las de 'Populares en Libertad' (PPL), de cuya presidencia dimitió recientemente por motivos personales.