La decisión se tomó con 90 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, y luego los legisladores la exoneraron de una segunda votación, tras un crispado debate de más de tres horas, a pesar de que se esperaba que el trámite se cumpliera en una hora, ya que en paralelo se producía la remodelación del gabinete ministerial.
El decreto 1097 señalaba que los procesos por crímenes contra los derechos humanos seguidos a militares y policías debían ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dictaba sentencia.
Además, señalaba que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
En medio de una andanada de críticas, ya que la mayoría de los casos que se investigan se produjeron entre 1980 y el 2000, el Gobierno pidió ayer al Congreso que derogue la ley.
Poco antes, el escritor Mario Vargas Llosa había renunciado a presidir la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria, un museo para las víctimas del terrorismo en Perú, y calificado el decreto como una "amnistía apenas disfrazada".
En el debate que se realizó hoy en el Congreso, los legisladores protagonizaron una serie de altercados y acusaciones, e incluso algunos pidieron analizar si la carta de renuncia de Vargas Llosa había sido "ofensiva" para el presidente peruano, Alan García.
Y aunque los miembros de la bancada fujimorista rechazaron el pedido de derogatoria, durante la votación sólo se opuso el legislador y primer vicepresidente peruano, Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro acusado de estar implicado en la matanza de más de cien presos por terrorismo en el penal de El Frontón en 1986, durante el primer gobierno de García.
"Yo voy a votar en contra de la derogación del decreto", adelantó Giampietri, quien consideró que la derogatoria era "un acto de total injusticia".
Pidió, además, que se elabore "un documento que diga que estos casos deben terminar a la brevedad", en referencia a los largos procesos que se siguen a miembros de las fuerzas armadas acusados de haber violado los derechos humanos.
En medio de la sesión, la legisladora Rosario Sasieta mostró a un canal de la televisión local un volante supuestamente difundido por el despacho del saliente ministro de Defensa, Rafael Rey, instando a los legisladores a votar en contra de la derogación.
Minutos más tarde, Rey negó que hubiera ordenado la distribución de ese volante, aunque luego dijo que tiene "derecho a publicar la justificación y comprobación de que todas las acusaciones que se han hecho respecto a ese decreto son falsas".
La legisladora oficialista Mercedes Cabanillas y la fujimorista María Luisa Cuculiza también defendieron "el derecho" de casi 200 soldados rasos que esperan más de cinco años en prisión a que se resuelvan sus procesos por violaciones a los derechos humanos.
La parlamentaria nacionalista Marisol Espinoza aseguró, sin embargo, que muchos militares y policías "deshonraron" a su uniforme asesinando a civiles, principalmente quechua hablantes.
La mayor parte de los procesos por violaciones a los derechos humanos abarcan el periodo entre 1980 y 2000, cuando el Estado combatió al terrorismo en un conflicto que dejó más de 69.000 muertos.
Mientras estuvo vigente el decreto 1097, publicado el 1 de septiembre pasado, ex altos jefes militares y miembros del "escuadrón de la muerte" Colina, creado durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse al beneficio, un tema que ahora deberá ser resuelto por los tribunales.