El presidente de EE.UU., Barack Obama, cerró una reunión convocada en el último momento de este miércoles en el Despacho Oval con líderes del Congreso con la sensación de haber "estrechado diferencias" y "aclarado algunos asuntos clave" para evitar un cierre del Gobierno federal.
El encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el demócrata Harry Reid, se cerró sin un acuerdo, aunque con el compromiso de ambos equipos legislativos de trabajar toda la noche para limar sus diferencias.
"No hay ninguna razón por la que no podamos conseguir esto", aseguró Obama a los periodistas tras la reunión. "Un cierre del Gobierno tendría ramificaciones en toda la economía, en un momento en el que aún no nos hemos recuperado de una recesión. Eso sería inexcusable", sentenció.
Previamente, durante su visita a la planta de la empresa española de energía eólica Gamesa, Obama había advertido que paralizar las actividades administrativas del Gobierno por falta de fondos podría "detener el impulso" de la recuperación tras la peor crisis económica del país en ochenta años.
Republicanos y demócratas negocian esta semana acerca de un acuerdo presupuestario para dotar de fondos el funcionamiento del Gobierno estadounidense.
El Congreso no ha aprobado aún un presupuesto para el año fiscal corriente, del que restan sólo seis meses, y hasta ahora el Gobierno federal ha visto cubiertos sus costes mediante prórrogas puntuales del presupuesto del año fiscal anterior.
Los republicanos han propuesto una nueva prórroga de dos semanas, condicionada a recortes presupuestarios adicionales de 12.000 millones de dólares, algo que los demócratas y la Casa Blanca rechazan.
Si no se logra un acuerdo antes del viernes, el Gobierno estadounidense dejará de contar con fondos para sufragar sus operaciones y se verá obligado a cerrar la mayor parte de sus oficinas, algo que no sucedía desde el mandato de Bill Clinton en los años noventa.
Ante esta perspectiva, el Gobierno ha comenzado ya los preparativos para la posible paralización de la Administración.
Según afirmó hoy un alto funcionario que habló bajo la condición de anonimato, la paralización administrativa afectaría a cerca de 800.000 funcionarios federales, obligaría a cerrar los parques nacionales y detendría el proceso de devolución de impuestos por parte de la Hacienda estadounidense (Inland Revenue Service, IRS).
Sí se mantendrían en funcionamiento aquellas actividades de la Administración imprescindibles para "garantizar la protección de la vida y de la propiedad", es decir, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de Policía.
También continuarían su funcionamiento habitual aquellos organismos, actividades o puestos que reciban sus fondos de asignaciones aprobadas para varios años.
Pero, según indicó el alto funcionario, incluso el personal cuyo trabajo se perciba como imprescindible para la seguridad, como en el caso de los militares, verá interrumpido el pago de sus salarios aunque siga trabajando.
"Como no tendremos fondos adjudicados para pagarles, aunque sigan generando un sueldo no lo cobrarán" por el momento, explicó el alto funcionario.
A lo largo de toda la semana, los negociadores de la Casa Blanca y los legisladores republicanos han estado en intensos contactos para resolver el punto muerto.
Los demócratas han propuesto recortes de 33.000 millones dólares, pero los republicanos exigen más, para hacer frente al déficit presupuestario del país, que rondará este año fiscal los 1,5 billones de dólares.
Obama encabezó el martes otra reunión en la Casa Blanca con los líderes del Legislativo, incluidos los dirigentes republicanos, en un encuentro que también concluyó sin acuerdo.
Hoy, el presidente estadounidense dialogó brevemente por teléfono con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, y con el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid.