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Este viernes la Fiscalía de Madrid ha archivado la causa contra Infancia Libre debido a que no ha considerado que haya datos objetivos que aseguren el funcionamiento de la misma como una organización ilícita.
Tal y como había denunciado la Policía Nacional, y solo aprecia que dos de sus integrantes sí cometieron delitos pero cuando la asociación ya no tenía actividad. Así lo ha informado este viernes el Ministerio Público, que abrió una investigación sobre la asociación para determinar si se trata de una organización criminal.
Dedicada a presentar denuncias falsas por abuso sexual, como le trasladó la Policía Nacional tras investigar una veintena de casos similares, todos en Madrid y Granada salvo uno en Barcelona.
Para los agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Plaza de Castilla está claro que Infancia Libre funcionaba como una trama criminal que animaba a madres a denunciar a sus exparejas, acusándolas de abusar de sus hijos, con la connivencia de profesionales como una doctora, una abogada y un psiquiatra. Mientras, no permitían a los padres ver a sus hijos.
La investigación policial comenzó con la detención el 1 de abril de 2019 de la presidenta de la asociación, María Sevilla, por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, durante seis meses.
Tras ese arresto, la Policía detuvo a Patricia G.A. por presuntamente mantener secuestrada a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada; a Ana María B.V. por incumplir el régimen de visitas fijado para su expareja; y llevó ante un juzgado de Granada a la vicepresidenta de Infancia Libre, Rocío de la Osa, por no haber comparecido ante el juez repetidamente.
Actualmente se puede afirmar que la Fiscalía ha concluido que no se ha podido establecer una conexión “directa” entre la asociación y el resto de mujeres que interpusieron denuncias falsas.
Además la mayoría de los casos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya había dejado de tener actividad. Únicamente da por acreditada la comisión de un delito de sustracción de menores por la acusación formulada por la Fiscalía contra María Sevilla y un delito de desobediencia por la acusación contra Ana María B.V.
El escrito de archivo explica que "el hecho de que un miembro de una asociación cometa un delito no conduce necesariamente a considerar que ese fin concreto era el exclusivamente buscado por la asociación a la que pertenecía, ya que la jurisprudencia exige que la finalidad delictiva ha de ser querida y pretendida por la propia asociación". "Tras examinar todos los casos, la Fiscalía solamente podría establecer una vinculación directa y acreditada con Infancia Libre de las dos fundadoras de la asociación".
Finalmente, con el resto de mujeres implicadas no existe según ha considerado la Fiscalía una vinculación directa con Infancia Libre, “más allá de aparecer tres de ellas en unas fotografías publicadas en prensa apoyando la asociación o haber hecho algún comentario apoyando la asociación a través de las redes sociales”.