El secretario general de Cooperación y Coordinación con las administraciones locales de la Generalitat, Joan Cañada, ha acusado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de suspender y "dejar sin efecto" todos los avances alcanzados en las negociaciones que llevaban a cabo sobre la reforma local dos horas después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunciara la fecha y la pregunta de la consulta.
"Nos sorprendió recibir un mensaje y una llamada en el sentido de que todo lo que habíamos hablado quedaba sin efecto por una decisión política", ha expresado en un encuentro organizado por 'alcaldes.eu' y 'El Punt Avui'.
Cañada --que ha explicado que su interlocutor estatal habitual hasta entonces había sido el director general de relaciones con las comunidades-- ha dicho que las negociaciones se habían intensificado días antes de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), por lo que ha lamentado el "desaire" del Estado ante unos acuerdos que técnicamente habían consensuado que eran positivos.
Tras destacar que el diálogo no se ha recuperado desde entonces, Cañada ha planteado estudiar cómo pueden reaccionar desde Catalunya una vez la ley ya se ha aprobado en el Congreso.
Una de las vías que el Govern contempla es llevar la LRSAL al Tribunal Constitucional (TC), una decisión que tomarán este enero después de que la conselleria de Gobernación haya remitido un informe al gabinete jurídico de la Generalitat para estudiar esta posibilidad.
Dado que la ley está en vigor, también están estudiando cómo se puede aplicar en Catalunya: "Tendremos que consensuar en la medida de lo posible que, sin aceptar la ley sin más, tampoco nos deje en una situación de desconcierto".
Sin embargo, ha asegurado que tienen "instrucciones claras" del presidente Mas y de la consellera de Gobernación, Joana Ortega, para defender el municipalismo y la aplicación del modelo propio, y de que ningún ayuntamiento llegue a la situación de ser rescatado.
Cañada ha alertado de que "lo peor está por venir" tras el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la ley de haciendas locales, porque, en su opinión, es la que hará posible los cambios de la reforma local.
LA POSTURA DE ACM Y FMC
El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha calificado de "golpe de Estado a la autonomía local" la reforma del Estado porque elimina la contribución y el trabajo de los ayuntamientos desde hace 30 años.
"El Gobierno central quiere pisar, borrar del mapa y eliminar cualquier elemento político y de poder que no sea el suyo", según Buch, que ha reiterado la necesidad de llevar la ley estatal al TC reuniendo el apoyo de 1.200 ayuntamientos españoles, que representen a siete millones de ciudadanos.
También ha cargado contra la normativa el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Xavier Amor, al asegurar que nace sin diálogo ni consenso y pone en riesgo la prestación de los servicios de proximidad: "Se ha desaprovechado la posibilidad de reformar la arquitectura municipal".
GALLEGO (CC.OO.)
El secretario general de CC.OO.en Catalunya, Joan Carles Gallego, se ha mostrado preocupado por que su aplicación conlleve que muchos funcionarios puedan quedarse sin empleo o tengan peores condiciones de trabajo, así como que baje el nivel de la prestación de servicios y dificulte la participación política y de la autonomía local".
Los alcaldes que han acudido al encuentro han sido el de Tordera (Barcelona), Joan Carles Garcia; la de Ordis (Girona), Maria Crehuet; de Lluçà (Barcelona), Eva Boixadé; de Alella (Barcelona), Andreu Francisco; de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Isidre Sierra; de Campins (Barcelona), Andreu Tohà, y la de Tiana (Barcelona), Ester Pujol.