Así lo asegura el Ejecutivo en la comunicación que ha remitido al Congreso con los ejes de lo que cree que debe ser esa cita parlamentaria del 14 y 15 de julio.
El texto subraya que, desde el último debate, el Parlamento ha mostrado su capacidad de alcanzar acuerdos en distintos ámbitos y el Gobierno desea que esa capacidad "se mantenga y pueda, incluso, ampliarse, especialmente en relación con los desafíos trascendentales para el futuro que acompañan a la rápida conclusión de las reformas estructurales en marcha".
Tras insistir en que el acuerdo político es fundamental para reforzar la confianza internacional en españa y la de los españoles para creer en las capacidades que permitirán salir de la crisis, recalca que el debate de la próxima semana es "una ocasión idónea para ello".
El centro del debate, a juicio del Gobierno, ha de ser la situación económica y las medidas para hacer frente a la crisis.
El Ejecutivo defiende las iniciativas que ha puesto en marcha y destaca que algunas están ya muy avanzadas, como es el caso de la reforma del mercado de trabajo, aprobada por el Gobierno y cuya convalidación pudo salir adelante gracias a las abstenciones del PP y de otros grupos minoritarios.
La que afecta al modelo financiero está diseñada y, en concreto, a punto de concluir el aspecto referido a la reestructuración de las cajas de ahorro, mientras que otros están pendientes de la regulación que se adopte a nivel europeo.
La reforma del sistema de pensiones sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, es, según constata, una de las que va más lenta.
También el Ejecutivo trasladará al debate la necesidad de alcanzar el techo de reducción del techo del déficit del 3 por ciento del PIB en 2013, porque el incremento que se ha producido derivado de la crisis es "insostenible" aunque tenga lugar en un contexto de deuda pública "comparativamente bajo".
Todas estas iniciativas, adoptadas en el contexto de una crisis "extraordinariamente intensa y compleja", señala, han constituido el núcleo central de la política del Gobierno y por eso éste quiere que sean igualmente el fundamento del pleno sobre política general.
Aunque sin duda el debate transcurrirá por derroteros económicos, habrá un análisis de otras cuestiones relevantes que han tenido lugar durante este año, como la aprobación de la Oficina Judicial, el acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica o la aprobación de la ley del Aborto, que entra hoy en vigor.
La reciente sentencia del Estatuto de Cataluña estará incluida en las intervenciones del Gobierno porque, de acuerdo con su visión, ha supuesto la "consolidación" del modelo de Estatutos de Autonomía.
Otro tema que tocará el Ejecutivo será el terrorismo, tanto desde el punto de vista de la actuación policial, que ha descabezado la cúpula de ETA en "repetidas ocasiones", como desde la vertiente de las víctimas con la reciente presentación de una iniciativa conjunta de todos los grupos parlamentarios sobre la regulación de la situación de éstas.