Se trata, según han apuntado estas fuentes, de "reconducir el tema procesalmente", ya que tras una primer lectura del auto no queda claro si se debe enviar a Venezuela una comisión rogatoria para que el Gobierno de Hugo Chávez facilite información o una petición de extradición.
Velasco remitió su auto esta semana a los ministerios de Exteriores y de Interior para que, según decía literalmente, practicaran "las gestiones pertinentes ante las autoridades cubanas y, especialmente venezolanas, para que cooperen a la entrega extradicional de algunos de los procesados".
Según apuntaba, había indicios que ponían de manifiesto "la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita cooperación gubernamental entre las FARC y la ETA y, en especial, de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país".
Para el Gobierno, se trata de un auto "peculiar" porque establece indicios que llevan a un procesamiento pero no pide la extradición, sino información para una posible extradición, una solicitud que, además, debería tramitar el Ministerio de Justicia y no el de Exteriores.
Los servicios jurídicos de este departamento tienen ahora dos opciones: o remitir el auto a Justicia para que inicie la cooperación judicial con Venezuela o pedir al juez de la Audiencia Nacional que aclara sus peticiones.
Aunque el auto no ha sido remitido formalmente a las autoridades venezolanas, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos sí informó de su contenido al presidente venezolano, Hugo Chávez.
Las fuentes del Ejecutivo no ponen un plazo para resolver esta cuestión, pero están convencidas de que se solucionará antes de la cumbre entre la UE y América Latina que se celebrará en Madrid en mayo.