"En lo que dependa de mí, el proceso se acaba votando, y votando la pregunta acordada", ha afirmado en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament, donde los partidos que apoyan el 9N --CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP-- han exhibido unidad defendiendo la votación.
Mas ha dicho que él seguirá actuando de acuerdo con la mayoría social y parlamentaria que existe en Catalunya a favor del derecho a decidir, y ha dicho en respuesta a Alicia Sánchez Camacho (PP): "Ustedes no podrán impedir" que los catalanes voten.
El President ha descartado la desobediencia civil que ha defendido el diputado de la CUP Quim Arrufat, ya que esta vía "no siempre lleva a la victoria", tal como pone de manifiesto la propia historia de Catalunya.
En su intervención, Arrufat ha instado al Govern a "ser consecuente con el camino emprendido" y ha destacado que al suspender cautelarmente la campaña de la consulta, la Generalitat ha escogido obedecer al Estado.
Cómplice del Constitucional
Por su parte, la secretaria general y diputada de ERC en el Parlament, Marta Rovira, ha exigido al Govern que mangenga la campaña institucional de la consulta soberanista para no ser "cómplice de la suspensión" del 9 de noviembre decretada por el Tribunal Constitucional (TC).
En su intervención ante el pleno del Parlament, ha dicho que el partido republicano está dispuesto a asumir "las responsabilidades políticas y las inhabilitaciones" que hagan falta para cumplir con el objetivo de que los catalanes voten en la consulta.
Además, ha asegurado que "multitud de trabajadores públicos y funcionarios" se han dirigido a ERC para expresar su determinación a seguir con la campaña y la organización de la consulta pese a las medidas cautelares decretadas por el TC.
El conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, ha replicado que el Govern no es cómplice del Alto Tribunal, algo que se demuestra con que la Generalitat ya ha presentado argumentos "muy sólidos y muy completos" contra la suspensión.
Homs ha insistido en criticar que el Gobierno central ha impugnado la consulta con consideraciones "poco jurídicas y muy irresponsables", y ha lamentado que el Ejecutivo central ha actuado sin diálogo y sin sentido de Estado.