Considera que todos ellos incurren en delito de desobediencia al presentar en este órgano parlamentario unos escritos "de inicio de desconexión con España que suponen un incumplimiento expreso de la sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado mes de diciembre declaró nula la resolución independentista del Parlament catalán y sus efectos.
El diputado de la CUP Benet Salellas reconoció ayer que que el impulso de estas leyes se recogía en la citada resolución que fue anulada por el tribunal de garantías.
La ley de la hacienda propia persigue dotar a la Generalitat de la estructura capaz de gestionar todos los impuestos de los catalanes y, la de seguridad social, que la administración catalana se encargue de todas las prestaciones de los ciudadanos como las pensiones y la de desempleo.
La tercera ponencia en cuestión, la del régimen jurídico catalán, busca crear la ley de transitoriedad jurídica, que los independentistas alegan que sirve para progresivamente transitar desde la legalidad propia del Estado hasta la legalidad de un eventual Estado catalán.