A su juicio, esta dispersión de las causas similares por distintas instancias judiciales no ayuda a la seguridad jurídica de las inversiones y tiene el riesgo de que se acaben emitiendo sentencias contradictorias.
Una delegación de la Red Internacional de Abogados de Litigios Financieros se ha reunido este miércoles con miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para plantearles la necesidad de crear "instrumentos jurídicos adecuados para conseguir una justicia eficaz en casos de fraude masivo".
QUE LOS REGULADORES ASUMEN SU RESPONSABILIDAD
La reunión coincide con la clausura del primer congreso de la Red de Abogados, en cuya declaración final, fechada en Madrid, los abogados de más de veinte países diferentes reclaman a los reguladores y supervisores que asuman su responsabilidad ante los fraudes financieros en los que "no han actuado con la diligencia debida".
En el caso de España, los abogados han puesto como ejemplo la fallida salida a Bolsa de Bankia aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, o la autorización para la última ampliación de capital de Pescanova, o para la comercialización de las preferentes.
En su opinión, para que los inversores internacionales recuperen la confianza en España hace falta que se demuestre que los reguladores y supervisores se comprometen con la seguridad jurídica y asumen su responsabilidad, resarciendo de los daños provocados.
Así, la Red Internacional de Abogados de Litigios Financieros solicita en la Declaración de Madrid a los reguladores, los legisladores y los tribunales de su jurisdicción que "fortalezcan la protección a los inversores, promuevan la coordinación y la coherencia entre las jurisdicciones y mejoren, cuando proceda, los mecanismos legales que permitirían que los demandantes con reclamaciones similares puedan perseguir sus derechos a través de un procedimiento coordinado".
Según ha informado la Red Internacional de Abogados, en la reunión se acordó crear un grupo de trabajo para estudiar fórmulas eficaces en casos de fraudes masivos, en la línea de las demandas colectivas que está estudiando la Comisión Europea.