La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para los ex alcaldes de Alicante, los 'populares' Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, en la causa separada del Caso Brugal que investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Además, la fiscalía solicita cinco años de inhabilitación para Alperi como supuesto autor de un delito continuado de prevaricación. En total, para Alperi el fiscal reclama que sea inhabilitado para cargo público durante 29 años mientras que para Castedo pide 24 años de inhabilitación.
Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, la fiscalía solicita ocho años dos días de prisión por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias por particular sobre funcionario público o autoridad y prevaricación. Asimismo, le reclama 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
El ministerio público ha solicitado multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.
Por otra parte, en la causa también figura como acusado el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, y otras tres personas para quienes solicita penas que oscilan entre los 3 meses y el año y medio de prisión y multas de entre 14.500 y 162.000 euros por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, y les obliga así mismo al pago de 1,3 millones de euros de multa por los costes soportados por el Ayuntamiento durante la tramitación del PGOU.