Así es el nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez
Se crean cuatro vicepresidencias
Podemos tiene cuatro ministerios
Carcedo y Guirao, primeras bajas en el nuevo Ejecutivo
A escasas horas de que Pedro Sánchez comunique su lista oficial de ministros y vicepresidentes al rey, se ha podido conocer ya quiénes formaran Gobierno junto al presidente. El domingo comunicará los nombramientos definitivos al rey y el lunes tendrá lugar la toma de posesión de los nuevos ministros.
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Este es el nuevo Gobierno de Sánchez:
- Carmen Calvo: vicepresidenta de Presidencia y de Relaciones con las Cortes La 'número cuatro' del PSOE, Carmen Calvo, repetirá en el Gobierno de Pedro Sánchez como vicepresidenta de Presidencia y Relaciones con las Cortes, con competencias en Memoria Democrática, un área que hasta la fecha dependía del Ministerio de Justicia, ha informado el Palacio de la Moncloa.Calvo será la vicepresidenta primera (el nuevo Ejecutivo contará con cuatro vicepresidencias) pero perderá las competencias en Igualdad, que asumirá la 'número dos' de Unidas Podemos, Irene Montero, que será ministra.
- Pablo Iglesias: vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 El cofundador y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (Madrid, 1978), será nombrado vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del primer Gobierno de coalición que se conforma en España desde la II República, según ha confirmado La Moncloa este jueves.Doctorado en Ciencias Políticas cum laude con mención europea y licenciado en Derecho por la Complutense, Iglesias ha logrado hacerse con este cargo gracias a su acuerdo con el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para conformar un bipartito.El líder del partido morado, que llevaba cuatro años reclamando a los socialistas un Ejecutivo de coalición, se convierte ahora en un destacado miembro del Gobierno con su Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la que dependerán los Ministerios de Igualdad, Trabajo, Universidades y Consumo.Estudiante brillante, y amante de las series de televisión y la comunicación política, Iglesias ejercía de profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense cuando saltó a la primera línea de la política en enero de 2014, con la creación de Podemos, aunque ya se había hecho un nombre como presentador y tertuliano en diferentes programas televisivos de debate.Con su inconfundible coleta, Iglesias pasó de los platós y el aula universitaria al Parlamento Europeo, donde ocupó su primer cargo público como eurodiputado hasta octubre de 2015, cuando dejó el escaño para preparase sus primeras elecciones generales como candidato a La Moncloa, las de diciembre de 2015.Del 'sorpasso' al PSOE al que aspiraba entonces y que se vaticinó aquel 2015 poco queda ya, con un Podemos que ha pasado de los 69 diputados que logró en esa cita con las urnas a los 35 de las generales del 10 de noviembre. Sin embargo, Iglesias ha capeado el temporal y, a pesar de haber perdido más de 30 diputados y el tercer puesto del podio de partidos con más peso en España --ha sido superado por Vox en las generales de noviembre--, ha conseguido alcanzar el objetivo que Podemos se marcó cuando nació: llegar al poder.El "asalto a los cielos" sin consenso que proclamó en la primera asamblea de Vistalegre en otoño de 2014 llega ahora, por el contrario, en forma de pacto con el PSOE, con una Vicepresidencia y cuatro Ministerios; una Vicepresidencia a la que en verano renunció, dando un paso atrás, como concesión para lograr salvar un acuerdo con el PSOE que nunca se llegó a fraguar. Hicieron falta unas nuevas elecciones generales para que Podemos lograra convencer al PSOE de conformar el Gobierno de coalición que los morados llevan pidiendo desde enero de 2016. En concreto, desde la polémica rueda de prensa en la que, tras su reunión con el Rey, se ofreció a Sánchez como vicepresidente, sin habérselo trasladado antes en privado.A Iglesias esa comparecencia le costó ser tachado de "soberbio y prepotente", dos de los principales defectos que le achacan sus principales detractores. Por su parte, sus seguidores y allegados siempre destacan de él su honestidad, su tenacidad, su alto sentido de la lealtad y su fuerte compromiso con sus ideas y con los suyos. El ceño fruncido y el fuerte carácter que caracterizaban al Iglesias de los inicios de Podemos, el Iglesias que recriminó al PSOE "la cal viva" en el debate de investidura fallida de Pedro Sánchez de marzo de 2016, ha dado paso ahora a un perfil mucho más institucional y sosegado, de un Iglesias que ha asumido las implicaciones que tiene su nuevo papel de vicepresidente. Junto a esa rebeldía, el 'sorpasso' y el 'asalto a los cielos' también quedaron atrás las críticas "a la casta" y al "régimen del 78" con las que Iglesias supo hacerse un hueco en la agenda y revolver el tablero político en 2014.Seis años después, en lugar de pedir abrir un proceso constituyente como en sus inicios, Iglesias ha transformado la Constitución en su principal arma para reivindicar sus propuestas sociales, que ahora tratará de poner en marcha como vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- Nadia Calviño: vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño ocupará una de las cuatro vicepresidencias del nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y se encargará de coordinar los asuntos económicos y la transformación digital, además de seguir presidiendo la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.Entre los principales retos que tendrá que hacer frente Calviño en la nueva legislatura se encuentra la de mantener el crecimiento económico en un momento de desaceleración, con una previsión de que el PIB haya cerrado 2019 con un alza del 2,1%, que se moderará al 1,8% en 2020.Asimismo, deberá trabajar para transmitir tranquilidad en Bruselas respecto a los Presupuestos de 2020 y el cumplimiento de las obligaciones de España, a la vez que coordinará la "gran transformación digital" que necesita España, incluyendo un proyecto de digitalización de toda la Administración pública.En el sector financiero sigue pendiente de culminar la privatización de Bankia, con diciembre de 2021 como fecha límite para que el Estado dejase de participar en el capital de la entidad financiera.
- Teresa Ribera: vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
- La transición energética, la aprobación del Plan Nacional de Energía y Clima, con la Ley de Cambio Climático y la Estrategia de Transición Justa para cumplir los compromisos de lucha contra la emergencia climática según lo pactado en el Acuerdo del Clima de París, serán algunos los principales retos de Teresa Ribera al frente de la nueva Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todas estas medidas persiguen hacer frente a la 'emergencia climática. Además, Ribera tendrá que lidiar con la 'guerra del agua' en relación con el Trasvase del Tajo-Segura, desde Castilla-La Mancha a Murcia y la Comunitat Valenciana o la contaminación que sufre el Mar Menor. Durante el discurso de investidura previo a su elección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez prometió que el nuevo Ejecutivo estaría en la "primera línea con la transición ecológica, la protección de la biodiversidad y un trato digno a los animales" -aunque para este último reto se ha creado una Dirección General de Bienestar Animal en la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirigirá Pablo Iglesias-. Además, Sánchez se comprometió con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de "objetivos ambiciosos" que incluye la neutralidad de carbono del sistema eléctrico en 2050.La nueva vicepresidenta tiene algo menos de un año para llegar a la próxima Cumbre del Clima (COP26) que se celebrará en Glasgow (Reino Unido) con los deberes climáticos hechos y presentar compromisos nacionales de reducción de emisiones tan ambiciosos como para contribuir a limitar el aumento de la temperatura global del planeta a 1,5 grados centígrados. Otro de los retos de Ribera de acuerdo con el programa presentado por Sánchez, será la aprobación de una Estrategia de Economía Circular para alcanzar el residuo cero en 2050 y los plásticos de un solo uso, entre otras medidas, todas ellas encaminadas al autoconsumo sin sobrecostes. Igualmente, se deberá encargar de impulsar una Ley de Movilidad Sostenible que incluya ayudas al vehículo eléctrico y un plan de cercanías y, en materia de agua, tendrá que poner en marcha un nuevo Plan Nacional de Depuración, Saneamiento y Eficiencia, además de solucionar la guerra del agua en el marco del Trasvase Tajo-Segura. Igualmente, otro de los asuntos ambientales que deberá gestionar es la protección del Mar Menor, que sufre de anoxia por contaminación ambiental.Por otro lado, Teresa Ribera suma a sus competencias el Reto Demográfico, unas políticas que habían recalado en el ministro de Agricultura, Luis Planas, después de que Meritxell Batet dejara vacante la cartera de Política Territorial de la que dependía el Comisionado para el reto demográfico para convertirse en presidenta del Congreso en la pasada legislatura.El Comisionado para el Reto Demográfico fue credo en 2017 por el Gobierno del PP y su primera responsable fue Edelmira Barreira. Tras la moción de censura, el Gobierno de Pedro Sánchez nombró a Isaura Leal, pero también cesó para concurrir a las elecciones generales y el puesto ha quedado vacante desde entonces.El Ejecutivo había aprobado en marzo de 2019 una estrategia nacional que resume los retos de la 'España vaciada' que ahora recoge Ribera: garantizar la conectividad territorial, asegurar una adecuada prestación de servicios básicos, incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de la normativa, avanzar en la simplificación normativa y administrativa para pequeños municipios; eliminar estereotipos; mejorar la colaboración público-privada y alinear las líneas de acción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, estos últimos dependientes ahora de la Vicepresidencia de Derechos Sociales que dirigirá Pablo Iglesias.
- María Jesús Montero: portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero será la nueva portavoz del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, en sustitución de Isabel Celaá, y continuará como ministra al frente de la cartera de Hacienda.La andaluza asumirá una tarea más en el nuevo Ejecutivo de coalición, la portavocía del Gobierno, y compatibilizará esta nueva responsabilidad con la cartera de Hacienda, labor que venía desempeñando desde el pasado mes de junio de 2018.Entre los principales retos que deberá acometer Montero en la nueva etapa al frente de Hacienda se encuentra reducir el déficit público del 2% del PIB en el que el Gobierno confía haber cerrado 2019 al 1,1% en 2020, lo que supondría acometer un ajuste de unos 10.000 millones de euros. En el Plan Presupuestario el Gobierno estimaba un déficit del 1,7% a políticas constantes este año. Además, tendrá que trabajar para reducir la ratio de deuda pública de entorno del 96% del PIB previsto en 2019 al 94,6% del PIB comprometido para el ejercicio actual. Para ello, prevé varias medidas fiscales, como el aumento de Sociedades, del IRPF a las rentas más altas, la creación de las tasas 'Google' y 'Tobin' y avanzar en fiscalidad medioambiental, entre otros. Además deberá sacar adelante los Presupuetos.Montero (Sevilla 1966), es licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA, ostentó la cartera de Hacienda y Administración Pública en la Junta de Andalucía desde 2013, departamento al que llegó tras pasar nueve años al frente de la Consejería de Salud, a la que accedió en 2004 de la mano de Manuel Chaves. A este cargo accedió tras ejercer desde 2002 como viceconsejera del mismo departamento. Anteriormente fue subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla entre 1995 y 1998. En este año se incorporó al complejo sanitario Virgen del Rocío de la misma ciudad, primero como subdirectora médica y posteriormente como subdirectora gerente.Al margen de su trayectoria en el ámbito sanitario, María Jesús Montero fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988, y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Desde 2008 y hasta su nombramiento como ministra fue parlamentaria por Sevilla en la Cámara autonómica.
- Fernando Grande-Marlaska: ministro de Interior El juez Fernando Grande-Marlaska ha sido ratificado como ministro de Interior en el segundo Gobierno de Pedro Sánchez, puesto desde el que tendrá que gestionar asuntos espinosos como las transferencias de Tráfico y Prisiones a Navarra y el País Vasco. Asimismo, fuentes policiales aseguran a Europa Press que Marlaska tendrá que decidir si elige a un nuevo equipo de toda su confianza o si opta por la continuidad del actual.El de Interior es uno de los ministerios 'sensibles' porque tiene competencias directas sobre Policía Nacional y Guardia Civil, ambos con servicios de Información propios y con capacidad para investigar de la mano de jueces y fiscales casos de corrupción o luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. Además, cuenta con Instituciones Penitenciarias, Relaciones Internacionales y Extranjería, Tráfico o Protección Civil y Emergencias.La primera decisión que tendrá que adoptar es si da continuidad a su equipo en el Ministerio, con la diputada socialista Ana María Botella en la siempre relevante Secretaría de Estado de Seguridad, o si prefiere acometer cambios entre sus subordinados, entre los que se encuentran los directores de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Pardo y Félix Azón, respectivamente.Marlaska ha sido uno de los ministros con mayor protagonismo en los últimos meses. Ejerció de portavoz del Gobierno durante los graves disturbios tras la sentencia del 'procés', mandando a esta región a 'antidisturbios' de la Policía y la Guardia Civil. Antes también gestionó el traslado a prisiones de Cataluña de los políticos independentistas cuando estaban en prisión provisional. Además, la Guardia Civil desarticuló en septiembre a un grupo vinculado a los Comités de Defensa de la República (CDR) por delitos de terrorismo y se investiga a plataformas como Tsunami Democràtic.Ahora le tocará gestionar los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez con ERC y otros partidos, que van desde la cesión de la competencia de Tráfico en Navarra en un plazo de seis meses a la transferencias pendientes con el País Vasco, entre ellas la de Prisiones, o la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, la conocida 'ley mordaza', que cuenta con respaldo en sectores policiales porque blinda el trabajo de los agentes.Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, pidió a Grande-Marlaska la pasada legislatura la retirada de las condecoraciones al policía franquista 'Billy el Niño', algo que fue varias veces reiterado por los de Pablo Iglesias y que causa recelos internos por las dudas que suscita jurídicamente y por si puede afectar a otros mandos policiales.Grande-Marlaska recibió el 7 de junio de 2018 la cartera de Interior de manos de su predecesor, Juan Ignacio Zoido (PP), en un acto donde fue arropado por compañeros de la judicatura y por destacados dirigentes socialistas sentados en primera fila, entre ellos el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue ministro del Interior en la etapa final de ETA.Llegó en unos meses marcados por la detención e investigación en la Audiencia Nacional del comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo. Unidas Podemos, el partido que ahora está en el Gobierno junto con el PSOE, le acusó de no limpiar las cloacas del Estado y de que continuaba la "sombra de Villarejo".En uno de los audios del policía se oía a Dolores Delgado en su etapa de fiscal de la Audiencia Nacional, antes de ser ministra de Justicia, aludiendo a la sexualidad de Grande-Marlaska. "Lo importante son los hechos, no las palabras", respondió éste a preguntas de la prensa.Grande-Marlaska retomó las figuras de los directores adjuntos operativos (DAO) y eligió a un comisario de la Policía Nacional, José Antonio Rodríguez González, para un puesto muy sensible dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad como el de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios.Luego destituyó al coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, tras una etapa en la que se había investigado numerosos casos de corrupción por un correo de este mando policial en el que paralizaba la actividad de la unidad con cargo a los fondos reservados.Nada más llegar a Interior se comprometió a mantener la subida salarial del acuerdo de equiparación salarial de Policía y Guardia Civil de la etapa del PP y anunció la retirada de las concertinas en la frontera de Ceuta y Melilla, una obra en plena ejecución en la actualidad con el trasfondo de la relación clave de España y Marruecos. Grande-Marlaska ha realizado varios viajes a los países del norte de África para potenciar los lazos bilaterales.Desde Interior también se ha puesto en valor en los últimos días dentro del balance que hacen de estos 18 meses la lucha contra el narcotráfico en la zona del Estrecho de Gibraltar -- más de 216 toneladas de droga incautada desde su puesta en marcha en agosto de 2018-- o los dispositivos policiales diseñados con escaso tiempo para la Cumbre del Clima o la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate, después de que se suspendieran ambos eventos en Chile y Argentina.En estos meses ha sido detenido el histórico dirigente de ETA 'Josu Ternera' tras casi 17 años de fuga y también se han acometido cambios en la política penitenciaria en lo referente al acercamiento y progresión de grado de una treintena de presos etarras sin delitos de sangre. El mismo día que se anunció la abstención de Bildu en la investidura de Sánchez, se acercó de la prisión de Alicante a la de Asturias a José María Arregui Erostarbe, alias 'Fiti', lo que motivó las críticas de asociaciones de víctimas, que recelan por la concesión de prisiones al País Vasco.Marlaska nació en Bilbao en 1962 y es Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. Ha sido cabeza de lista del PSOE por Cádiz tanto en las elecciones generales de abril como en las últimas de noviembre de 2019. Ingresó en la carrera judicial en 1988 y, tras varios destinos en Cantabria, Bilbao y Madrid, en 2004 comenzó a formar parte de la Audiencia Nacional, donde prestó servicios en distintos Juzgados Centrales de Instrucción, siendo titular del número 3 entre 2007 y 2012.En 2013 fue elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y también vocal del Consejo General del Poder Judicial, perteneciendo a su Comisión Permanente. De aquella época se le vinculó en algunos sectores judiciales con el ala conservadora de la judicatura, de ahí que causara sorpresa su nombramiento por el presidente Pedro Sánchez tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy.
- Reyes Maroto: ministra de Industria Reyes Maroto continuará al frente del Ministerio de Industria aunque todavía no se ha especificado si incluirá las competencias de Comercio e Industria que venía gestionando desde junio de 2018, cuando fue nombrada por Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy.Maroto ha sido diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretaria de Desarrollo Sostenible del PSOE madrileño, portavoz de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda en la Asamblea regional y profesora en la Universidad Carlos III. Tendrá que seguir encargándose de aumentar el peso de la industria en el PIB español.
- Irene Montero: ministra de Igualdad La implantación de todas las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal y el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos son los principales retos que afrontará la dirigente de Podemos Irene Montero como ministra de Igualdad del nuevo Gobierno de coalición.El Ejecutivo ha confirmado este jueves su nombramiento al frente de Igualdad, en sustitución de la socialista Carmen Calvo que hasta ahora compaginaba este cargo con la Vicepresidencia. Montero recogerá así el bastón de mando para implantar la agenda 'feminista' en las políticas públicas, teniendo en cuenta que el acuerdo para el Gobierno de coalición incluye una treintena de medidas con ese objetivo.Entre los objetivos primordiales de dicha agenda está el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017, con el que se pretende mejorar la respuesta institucional ante esta lacra. Unidas Podemos fue precisamente el único partido que se abstuvo en la votación para su aprobación --el resto de fuerzas votaron a favor--, y ahora será la número dos del partido la que deberá implantarlo.Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, apenas se han ejecutado el 25% de las medidas contempladas en él, y otro 57% están en proceso. Una de las principales reclamaciones de instituciones y de las feministas, que sigue pendiente, es el hacer efectiva la trasposición legal del Convenio de Estambul que España ratificó en 2014.En base a este, lo primero que se debe hacer es ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en dicho convenio: mutilación genital femenina, matrimonio y esterilización forzosos, trata, explotación sexual y acoso y agresión sexual. Esto conllevará reformas legislativas, teniendo en cuenta que la Ley integral contra la Violencia de Género la define únicamente como aquella que perpetra un hombre contra una mujer con la que ha tenido o tiene una relación sentimental.Esta ampliación conceptual repercutirá en las estadísticas anuales que contabilizan a las mujeres víctimas de violencia de género, pero además deberá ampliar el sistema de asistencia y protección a víctimas.El Gobierno, que deberá seguir financiando el Pacto con 200 millones de euros a través de los presupuestos, también deberá implantar otras medidas relevantes que afectan a varios ámbitos y administraciones. Por ejemplo, la suspensión del régimen de visitas de los hijos e hijas de padres maltratadores "en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia", o la prohibición de visitas cuando el padre ha sido condenado y está en prisión.Durante el tiempo del Gobierno en funciones, la Comisión de Seguimiento del Pacto apenas ha tenido actividad y la agenda para la igualdad ha estado prácticamente varada. En este contexto, siguen también en un cajón las medidas educativas para el fomento de valores igualitarios, así como el convertir la educación afectivo-sexual en contenido obligatorio en todos los niveles educativos.Respecto a la violencia sexual, a la que también se alude en el Pacto, la medida 'estrella' que sigue pendiente es la prometida reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para que 'solo sí sea sí'. De este modo, se buscar poner el foco en el consentimiento de la víctima a la hora de juzgarlos, tras la polémica sentencia de La Manada. Si bien esta medida es competencia de Justicia, fue capitaneada por Carmen Calvo como ministra de Igualdad y reiterada durante el debate de investidura de Pedro Sánchez, que avisó de que el nuevo Gobierno empezaría por aplicarla.La formación en perspectiva de género en las administraciones públicas y especialmente en los operadores jurídicos es otra de las medidas que el Gobierno deberá seguir desarrollando. De ahí que ambos partidos en su programa común hayan contemplado la implantación de un plan de formación para empleados públicos. Asimismo, el Gobierno anterior dejó pendiente la Ley contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual para impulsar medidas de prevención, de persecución de redes criminales y de protección a las víctimas.Montero, como titular de Igualdad, se enfrentará también a un debate que es uno de los principales caballos de batalla en el movimiento feminista: la abolición o no de la prostitución. El PSOE se ha mostrado en reiteradas ocasiones abolicionista, si bien desde Unidos Podemos no han sido tan claros en su postura; y finalmente en el programa común no se incluye este aspecto.La gestación subrogada será otro de los debates que asumirá la dirigente de Podemos, aunque las competencias exceden las de su Ministerio y se ubican más en el de Justicia, al igual que sucede con la modificación del Código Penal. Unidos Podemos y el PSOE se han comprometido a 'decir no a los vientres de alquiler' y a actuar contra las agencias porque esta práctica está "prohibida".En el ámbito laboral, son muchas las asignaturas pendientes: la adopción de medidas para erradicar la brecha salarial, ya que sigue sin aprobarse la prometida ley que garantice la igualdad salarial. Otro reto es la implantación de medidas para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en organismos públicos y en consejos de administración, tal y como se recoge en la Ley de Igualdad 3/2007.Montero también asumirá la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad hasta las 16 semanas en 2021, una medida que ya fue aprobada por el anterior Ejecutivo. Si bien, deberá modificar aquellas trabas actuales que dificultan la nosimultaneidad de los permisos, tal y como ambos partidos han prometido en su programa común.Tanto el PSOE como Podemos también afrontan el reto de avanzar hacia la corresponsabilidad y de aprobar una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios, según contemplan en su programa de Gobierno.Otro asunto liderado por antecesora Carmen Calvo es el encargo que hizo a la Real Academia Española (RAE) para "adecuar la Constitución a un lenguaje que incluya a las mujeres". La institución se reúne precisamente este jueves para debatir sobre ese informe de lenguaje inclusivo en la Carta Magna.Más allá de la agenda feminista, a la espera de que se conozca qué asuntos dependerán del Ministerio de Igualdad, también está pendiente el desarrollo de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación o la Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI.
- Yolanda Díaz: ministra de Trabajo Entre los ministros propuestos por Unidas Podemos destaca también la diputada de Galicia en Común y dirigente de Izquierda Unida (IU) Yolanda Díaz, quien será la próxima ministra de Trabajo del Gobierno de coalición que liderará Pedro Sánchez.Díaz, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, lleva ocupando cargos institucionales desde el año 2003. La derogación de los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral de 2012 y la subida del Salario Mínimo para 2020 son algunos de los principales retos que deberá afrontar como nueva ministra de Trabajo.
- Manuel Castells: ministro de Universidades El catedrático de sociología Manuel Castells (Hellín, 1942) asumirá la nueva cartera de Universidades en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, un Ministerio que desapareció en 1981 y desde entonces ha estado integrado en Educación o Ciencia.Castells impulsó la creación de los comunes en los comicios de 2015, y en las pasadas elecciones municipales encabezó un manifiesto de apoyo a Colau firmado por más de 150 intelectuales. "Es un momento decisivo. Ahora hay capacidad de liderazgo, y quien la tiene es Ada Colau", aseguró entonces el profesor universitario. Castells es uno de los principales teóricos a nivel mundial en el campo de la sociología de la comunicación y la Sociedad de la Información y ha publicado más de 20 libros. Su trilogía 'La era de la información: economía, sociedad y cultura' (1996-2003) ha sido traducida a 23 lenguas. Además, ha trabajado como asesor de la Unesco, de la Comisión Europea, y de diferentes Gobiernos como el de Estados Unidos, Chile, México, Francia, Rusia, China, Brasil, Portugal y España, según se recoge en su currículum de la Universidad de Berkeley.El Ministerio asignado a Castells es el primero dedicado a Universidades desde principios de los años ochenta. Entre 1979 y 1981 existió un Ministerio de Universidades e Investigación durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, aunque después volvería a integrarse en el Ministerio de Educación. En 2008, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero integró la investigación y la universidad en un nuevo ministerio, el de Ciencia e Innovación que asumió Cristina Garmendia, aunque la competencia de universidades regresó al Ministerio de Educación apenas un año después, con el nombramiento de Ángel Gabilondo como responsable de la cartera.El actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades fue creado en junio de 2018 cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno, designando al astronauta Pedro Duque, el primer español en viajar al espacio, como responsable de esta nueva cartera. Dentro del organigrama del Ministerio, la educación superior se integraba hasta ahora en su única Secretaría de Estado, la de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, con una Secretaria General de Universidades de la que depende la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y el Colegio de España de París.La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) reiteraba esta semana su deseo de que Universidades, Ciencia e Innovación sigan formando un único ministerio para "garantizar una mejor coordinación" ante "la elaboración de cualquier normativa que afecte al sistema universitario español", como han explicado a Europa Press.La CRUE, que integran actualmente a 76 universidades públicas y privadas españolas, ya manifestó a finales de noviembre que desgajar Universidades del actual ministerio dirigido por Pedro Duque "implicaría un retroceso estratégico", y recordó que tanto PSOE como Unidas Podemos afirmaron en sus programa electorales que mantendrían e incluso reforzarían la actual estructura ministerial para asegurar la integración de todo el sistema de conocimiento e innovación".Los rectores subrayan que el 70% de la producción científica en España se produce en el ámbito universitario, y defienden el actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para "que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz".
- Alberto Garzón: ministro de Consumo El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón (Logroño, 1985), será ministro de la nueva cartera de Consumo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y activista a favor del control de los mercados financieros dentro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), Garzón es militante del Partido Comunista y diputado desde 2011.El futuro ministro de Consumo, autor del libro 'Por qué soy comunista', se ha reivindicado en numerosas ocasiones como un orgulloso comunista y no esconde su ideología ni sus duras críticas al capitalismo y el neoliberalismo.En 2016, tras la muerte de Fidel Castro, Garzón definió al líder de la Revolución cubana como un "referente del socialismo y de las causas de los oprimidos", y aseguró que sus "principios" y "valores" debían seguir "defendiéndose".El líder de IU reconoció entonces que "a nadie se le escapa las deficiencias que aún sufre la revolución cubana", pero alabó de ella que fue "construida en la adversidad contra los enormes obstáculos de países ricos y grandes empresas que luchaban para impedir que se desarrollase el pueblo cubano".Garzón saltó a la primera línea política en 2011 desde el 15M. Con tan solo 26 años y tras ejercer como uno de los portavoces del movimiento en Málaga, Izquierda Unida decidió ficharle para sus listas al Congreso como cabeza de lista por esa provincia en las elecciones generales de diciembre de 2011, en las que consiguió escaño y se convirtió en el diputado más joven de la legislatura. Desde ese momento, Garzón comenzó a hacerse un nombre en IU federal y a tejer el camino que años más tarde, en 2016, le llevó a hacerse con el liderazgo de la coalición de izquierdas y a impulsar su renovación generacional, con la oposición de la vieja guardia.Ya antes de convertirse oficialmente en coordinador federal, en sustitución de Cayo Lara, Garzón fue elegido para ser el candidato de IU a la Moncloa en las elecciones generales de 2015, las últimas en las que concurrieron en solitario, tras frustrarse el primer intento de acuerdo con Podemos. Garzón sí logró meses más tarde sellar el conocido como 'pacto de los botellines' con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para concurrir juntos con la coalición Unidas Podemos en la repetición electoral de junio de 2016, a pesar de las acusaciones de sus críticos de estar diluyendo IU en el partido morado.El 5 de junio de 2016, tras firmar ese pacto y días antes de los comicios en los que se estrenó en las urnas Unidas Podemos, Garzón fue elegido oficialmente coordinador federal de IU, inaugurando una nueva etapa en la formación que se caracterizó por una importante renovación de su dirección.El diputado malagueño ha compaginado desde entonces su labor como líder y portavoz parlamentario de IU con sus tareas como responsable de algunas cuestiones económicas de calado dentro del grupo parlamentario confederal. En concreto, Garzón ha ocupado la portavocía ante la Comisión de Hacienda y también ante la comisión que investigó la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.Durante estos años, el malagueño ha representado el discurso más duro del grupo confederal para acabar con las normas de estabilidad presupuestaria, como la regla de gasto, o los límites de déficit y deuda, al considerarlas imposiciones desde la Unión Europea para consagrar las políticas de austeridad.Su radical oposición a la Ley de Estabilidad Presupuestaria forzó a Unidas Podemos a presentar un texto alternativo para "darle la vuelta como un calcetín" a la ley, cuando en el grupo se planteaban incluso abstenerse para facilitar la reforma 'exprés' de esta norma a finales de 2016. Fue el encargado de bregarse contra el entonces ministro Cristóbal Montoro en todo debate sobre impuestos, Presupuestos, así como en los concernientes a la polémica amnistía fiscal aprobada por el exministro de Rajoy, que llegó a calificarle de representante de "la izquierda montaraz" en un debate sobre un posible impuesto a las transacciones financieras.Irónicamente, Garzón formará parte de un Gobierno que tiene entre sus propuestas la de implantar en España este impuesto, si bien no ocupará la cartera de Hacienda, sino la de Consumo, con el objetivo de hacer frente al auge del negocio de las casas de apuestas, contra el que su formación ha sido muy crítico. Garzón ha defendido siempre la necesidad de acometer una profunda reforma fiscal, con la que aumentar la recaudación y llevar a cabo políticas sociales, tapando 'agujeros' en el Impuesto de Sociedades y aumentando la presión sobre rentas del capital y del trabajo más altas.
- Luis Planas: ministro de Agricultura El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a confiar en Luis Planas como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien tendrá como principales retos la negociación de la próxima Política Agrícola Común (PAC), mitigar el impacto del 'Brexit' en el sector agroalimentario y en la pesca, y hacer frente a los aranceles impuestos por la Administración Trump.De esta forma, Planas continuará al frente del departamento de Agricultura en un momento difícil para el futuro de la PAC, teniendo en cuenta que en los próximos meses se tienen que negociar los presupuestos de la Unión Europea para 2021-2027.De hecho, el que fuera consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y exembajador en Marruecos tiene gran experiencia en Bruselas, ya que inició su carrera en Europa poco antes de la adhesión de España a la UE, ocupando distintos cargos que le han permitido conocer el funcionamiento de las instituciones europeas.Planas, buen conocedor del funcionamiento de las instituciones europeas tras su estancia en la Comisión Europea y del sector agroalimentario como consejero del ramo en Andalucía, deberá negociar en Bruselas para conseguir una PAC suficientemente dotada que garantice la estabilidad de los agricultores y ganaderos españoles para los próximos años. En materia de pesca, deberá seguir trabajando y negociando con otros países para ampliar los acuerdos de pesca para que la flota española pueda seguir faenando en caladeros internacionales, mientras que deberá trabajar en Bruselas para que el impacto del 'Brexit' sea el menor posible para la flota pesquera nacional.Al margen de la PAC y el 'Brexit', Agricultura deberá hacer frente en esta legislatura al impulso de las negociaciones bilaterales y de la Unión Europea con la Administración Trump para que Estados Unidos retire los aranceles a los productos agroalimentarios españoles, entre ellos el aceite de oliva.Desde las asociaciones agrarias también reclaman al nuevo Gobierno el necesario reequilibrio de la cadena agroalimentaria para que los productores reciban precios justos, las barreras comerciales a nivel global o el urgente y difícil relevo generacional en la profesión agrariaA ello se suman peticiones específicas de la industria de alimentación y bebidas como trabajar por una política armonizada y basada en evidencias científicas en nutrición y salud, apostar por una comunicación activa que impulse el reconocimiento del sector y sus productos, defender e impulsar la unidad de mercado; transitar hacia una economía circular y sostenible, contribuir al equilibrio en la cadena en las relaciones comerciales, promover la competitividad industrial y el equilibrio fiscal e impulsar la internacionalización, la innovación y la digitalización, entre otras.Planas entró en 1982 en la Comisión Europea dentro de un programa de preparación previo a la adhesión y fue diputado del Parlamento Europeo entre 1986 y 1993, donde tomó parte en las comisiones de Asuntos Exteriores y de Seguridad, y de Asuntos Institucionales.En 1993 fue nombrado consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves, y unos años después regresó a Bruselas para dirigir los gabinetes del vicepresidente primero de la Comisión Europea, Manuel Marín, y después del comisario Pedro Solbes. Planas fue nombrado por Rodríguez Zapatero embajador de España en Marruecos en 2004 y, en 2010, embajador representante permanente de España ante la Unión Europea. Tras estos cargos, en 2012 fue designado de nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, hasta que el 20 de enero de 2014 fue nombrado secretario general del Comité Económico y Social Europeo, cargo que ostentaba en la actualidad. En 2018, Planas fue nombrado ministro de Agricultura en sustitución de Isabel García Tejerina.
- José Luis Ábalos: ministro de Fomento: El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha avanzado que su Departamento, que pasará a denominarse Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, "ampliará competencias", dado que asumirá aquellas relativas al "diseño sostenible de las ciudades". "El nuevo Ministerio amplía las competencias". Ábalos detalló que dentro de Agenda Urbana se incluyen las políticas de Vivienda que ya tenía Fomento, "pero también el diseño sostenible de las ciudades y, por lo tanto, los elementos de movilidad urbana que hasta ahora no estaban en el Ministerio", detalló. Según el ministro, uno de los que repite en el cargo en el nuevo Gobierno, el reconvertido Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con una perspectiva de "mayor ambición". "La Agenda Urbana es una de las directrices de Naciones Unidas y la Comisión Europea y, además, ponemos el punto de mira en la movilidad como un derecho de ciudadanía y en las infraestructuras como medio para garantizarlo; no se antepone la obra sobre la movilidad", explicó.
- Arancha González Laya: ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación Arancha González Laya, jurista guipuzcoana de 50 años con una larga carrera en la UE y las instituciones multilaterales de comercio, ha sido la elegida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, un puesto que estaba vacante desde que Josep Borrell comenzó a ejercer como alto representante de la UE el 1 de diciembre. Será la tercera ministra de Exteriores de España --después de la 'popular' Ana Palacio y la socialista Trinidad Jiménez-- y no pertenece a la carrera diplomática, pero sí ha estado siempre ligada a las relaciones internacionales.Desde 2013 es directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), la agencia conjunta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el fomento del comercio y la actividad empresarial internacional. Es también subsecretaria General de la ONU y habla euskara, inglés, francés, alemán e italiano.El Palacio de la Moncloa también ha señalado que preside el Consejo Global de Campeones por la Igualdad de Género (International Gender Champions) y co-preside el Consejo sobre el Futuro del Comercio y de la Inversion del Foro Económico Mundial (WEF) y hace gala de su compromiso con impulsar la igualdad de género. "Las economías que incluyen a la mujer crecen más y más rápido", decía en una entrevista en 2017. Recientemente coeditó un libro sobre "Mujeres que dan forma a la globalización económica" en el que participó la ministra y futura vicepresidenta Teresa Ribera."Frente a quienes se muestran escépticos con la cooperación internacional, que consideran reduce el control de las naciones sobre políticas y fronteras, la experiencia de la Europa de posguerra muestra que aunar soberanías se traduce en un mayor control de los países sobre sus respectivos destinos económicos", escribía también, pocos meses antes, en 'Política Exterior'.Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y postgrado en Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid comenzó su actividad profesional en un despacho de abogados y desempeñó varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, el comercio, la comunicación y la cooperación al desarrollo. Allí fue portavoz del comisario de Comercio Pascal Lamy y posteriormente su directora de gabinete cuando éste fue elegido director de la Organización Mundial de Comercio en 2005. También fue su representante en el G20.La futura ministra es una firme defensora del multilateralismo y de un comercio internacional abierto pero basado en reglas, aunque también reconoce que la globalización no ha beneficiado a todo el mundo. La nueva ministra cree que Europa "debería liderar la lucha por un comercio más reglamentado a nivel multilateral". Como Sánchez, defiende que la UE tiene que "afrontar con determinación los asuntos pendientes de la reciente crisis del euro", con mecanismos que incentiven la demanda, favorezcan el crecimiento estable y la inversión, completar la unión bancaria y dotar al euro de un presupuesto "significativo". "Europa puede hacer de puente entre EEUU y China si es creíble en el plano internacional, y su credibilidad depende de su fuerza interna (..). Hay que ver es si Europa va a ser capaz de ofrecer a sus ciudadanos una alternativa al modelo americano o el chino", decía en una entrevista en 'Expansión' hace un año.
- Margarita Robles: ministra de Defensa Margarita Robles mantendrá la cartera de Defensa en el nuevo Gobierno con desafíos sobre la mesa como la consolidación de grandes programas de armamento vitales para los Ejércitos y la Armada, la renovación de la cúpula militar o la gestión de los 120.000 militares que forman las Fuerzas Armadas en asuntos como retribuciones, la salida a los 45 años, igualdad o conciliación. El pasado lunes en la celebración de la Pascua Militar, Robles, estando aún en funciones, ya tuvo oportunidad de indicar ante el Rey y el presidente, Pedro Sánchez, cuáles serán sus prioridades al frente del Ministerio de Defensa durante esta legislatura.En su discurso en el Palacio Real, señaló a los militares como el "principal baluarte" de las Fuerzas Armadas y mostró su compromiso para seguir desarrollando la "política social" del Departamento en asuntos como la conciliación y la igualdad. También tendrá sobre la mesa algunas de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, como la subida de retribuciones para su equiparación con las fuerzas de seguridad o una solución a la salida obligatoria de las Fuerzas Armadas de los militares temporales de Tropa y Marinería al cumplir los 45 años.Es precisamente en el ámbito industrial donde Robles encontrará algunos de los mayores desafíos para la gestión del Ministerio, ya que siguen pendientes grandes programas de armamento imprescindibles para los Ejércitos y la Armada, como los blindados 8x8 del Ejército de Tierra o la renovación de los cazas de combate del Ejército del Aire y la Armada. Además, una de las principales medidas que se espera que tome será la renovación de la cúpula militar. La actual fue nombrada por la ministra del PP María Dolores de Cospedal y Robles la confirmó cuando llegó al Ministerio tras la moción de censura. Pero ahora deberá nombrar un nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), al que sigan los máximos responsables del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.Magistrada de profesión, Robles fue secretaria de Estado del Interior entre 1994 y 1996 y veterana curtida en mil batallas tanto en terrenos ministeriales y parlamentarios como en las difíciles aguas de la política judicial. Trabajadora tenaz, feminista y de costumbres austeras --de las pocas vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renunció a tener chófer, y a la que se podía ver entrar y salir de este órgano en su viejo utilitario--, en realidad nunca ha abandonado la política, mientras que su carácter independiente en extremo y su capacidad natural de liderazgo le hicieron merecedora tanto de leales simpatías como de fuertes enemistades en los diferentes destinos por los que ha ido pasando.Robles fue uno de los 15 diputados socialistas que fueron sancionados por votar 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, manteniéndose fiel a Pedro Sánchez, que terminó dimitiendo como líder del PSOE para luego ganar en las primarias a Susana Díaz y Patxi López. En esos meses, su defensa pública del 'no es no' provocó varios encontronazos en el Grupo Socialista con diputados afines la presidenta de la Junta de Andalucía, a los que tuvo que dirigir después tras ser nombrada portavoz en el Congreso con el regreso de Sánchez.Hasta su llegada a la Cámara Baja en 2016, Robles pertenecía a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal Supremo, plaza que poseía desde 2004, si bien una controvertida decisión del CGPJ, tras su última apuesta por la política, que ella no dudó en calificar de "venganza", privó a Robles de su condición de magistrada del alto tribunal. Soltera y sin hijos, entre 2008 y 2013 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE y es miembro de la asociación Jueces para la Democracia.Nacida en León en 1956, es juez de carrera y ocupó sus primeras plazas en Balaguer (Lleida) y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Fue la primera mujer en presidir una Sala de lo Penal y una Audiencia Provincial --la de Barcelona, en 1991-- y la tercera en entrar en el Tribunal Supremo.Su trayectoria pública arranca en 1993, cuando fue nombrada subsecretaria de Justicia y luego, entre 1994 y 1996, fue secretaria de Estado de Interior, cuando Juan Alberto Belloch sustituyó a Antoni Asunción y se convirtió en 'superministro' de Justicia e Interior en el último Gobierno de Felipe González. En el organigrama de aquel Ministerio de los años 90 hubo tres secretarías de Estado: Margarita Robles ocupó la de Interior; María Teresa Fernández de la Vega, luego vicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero, la de Justicia; y Paz Fernández Felgueroso la de Asuntos Penitenciarios.Robles ejerció de secretaria de Estado en una etapa en la que afloraban los escándalos de corrupción del PSOE de Felipe González. Bajo las órdenes del biministro Belloch, también se enfrentó al terrorismo de ETA y gestionó otras crisis como la detención de Luis Roldán o el secuestro de Publio Cordón por parte del GRAPO.Desde su despacho en Interior vivió las investigaciones judiciales que sobre la guerra sucia de los GAL llevó a cabo el entonces juez Baltasar Garzón, que había vuelto a la Audiencia Nacional tras acompañar a Felipe González en las listas del PSOE.Del Ministerio liderado por Belloch Margarita Robles salió para incorporarse a la Audiencia Nacional, donde entre 1996 y 2004 fue magistrada de su Sala de lo Contencioso Administrativo, y desde donde dio el salto al Tribunal Supremo y, cuatro años después, al CGPJ. En esta etapa destacó su capacidad de negociar, liderando el sector progresista en la política de nombramientos frente al grupo de vocales conservadores, a cuyo frente se colocó el actual presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar.Una vez de vuelta al Supremo, muchos le reprocharon que no terminara de desligarse de las decisiones internas del órgano de gobierno de los jueces, y quizá ello tenga que ver con las difíciles relaciones que siempre se le han presumido con el actual presidente de este órgano y del alto tribunal, Carlos Lesmes, cuyo mandato concluye el próximo mes de diciembre. Y es que fue el CGPJ de Lesmes quien decidió negar la excedencia que había pedido Robles al pasarse a la política, lo que le supuso perder la condición de magistrada del Supremo. Tampoco tuvo buena relación con el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que fue quien promovió a Lesmes, y en cambio su trato era muy cordial con Rafael Catalá, a quien defendió cuando cuestionó el voto particular de la sentencia de 'la Manada'.
- José Luis Escrivá: ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones José Luis Escrivá, actual presidente de la Autoridad Independiente de Reponsabilidad Fiscal (AIReF), estará al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que ha creado el Gobierno, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del nombramiento. Es uno de los fichajes sorpresa y su prestigio así como sus críticas a los sucesivos gobiernos son evidentes. No lo tiene fácil, pues tendrá que convivir con un Ministerio de Trabajo a cargo de Podemos y con unos planes de gasto social elevados.Escrivá, que será uno de los miembros independientes del nuevo Gabinete, tendrá entre sus retos al frente del Ministerio la derogación de la reforma de pensiones de 2013, el aumento de los ingresos del sistema de Seguridad Social, y la coordinación de una fórmula que garantice la sostenibilidad de las pensiones a futuro.El gran reto de Escrivá en esta legislatura será la reforma de las pensiones. El Pacto de Toledo, tras meses de negociación, se disolvió en febrero de 2019 sin alcanzar ningún acuerdo y es previsible que vuelva a constituirse en esta legislatura para retomar la discusión sobre el futuro del sistema.Las organizaciones sindicales reclaman que las pensiones se liguen al IPC (el Gobierno se ha comprometido a revalorizarlas un 0,9% en 2020), así como derogar la reforma de 2013 para, entre otras cuestiones, acabar con el llamado 'factor de sostenibilidad', que debía entrar en vigor el próximo año pero que se ha retrasado hasta 2023.Con el Fondo de Reserva en unos 2.150 millones de euros (cantidad inferior a lo que le cuesta al sistema pagar una nómina mensual de pensiones) y un déficit de los fondos de la Seguridad Social que se prevé que supere los 17.000 millones de euros en 2019, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente los hay.En el acuerdo programático acordado entre el PSOE y Unidas Podemos se apostaba por garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, se pretende eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones. De igual forma, está prevista la reforma del sistema de la Seguridad Social, en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo, para garantizar sus sostenibilidad a medio y largo plazo, con medidas para asegurar el aumento de los ingresos, descargando a la Seguridad Social de gastos "impropios" y revisando las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas.La reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes es otro de los puntos fijados en el documento, en el que también se incluye el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social. La idea es comenzar en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.Para los autónomos se proyecta una mejor cobertura y la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena. En detalle, se establecerá un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
- Salvador Illa, ministro de Sanidad El número dos del PSC y futuro ministro de Sanidad, Salvador Illa, será nombrado ministro del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez accediendo desde el cargo de secretario de Organización del PSC, liderado por Miquel Iceta. Illa, nacido en La Roca del Vallès (Barcelona) en 1966, se dedica en exclusiva a su cargo de secretario de Organización desde febrero de 2017, y garantizará la presencia del PSC en el nuevo Ejecutivo central de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos. Fue nombrado secretario de Organización del partido en un momento en que los socialistas catalanes había obtenido sus peores resultados y, con él al frente de la Secretaría y como 'fontanero' del partido, la formación se recuperó en las urnas.Durante el penúltimo Congreso del PSC, Illa contaba con el aval tanto del sector de Iceta como del de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon y, al situarlo al frente de la Secretaría, se pudo desbloquear la ejecutiva del partido, pese a que el Ayuntamiento de Barcelona no quería que abandonara el puesto que ocupaba en el consistorio por competente. El socialista, que ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional al sector público y la actividad política, fue alcalde de La Roca del Vallès durante una década --entre 1995 y 2005-- y, desde 2005 a 2009, fue director general de Gestión de Infraestructuras de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, según información del PSC.Después fue director de Gestión Económica del Ayuntamiento de Barcelona --entre 2010 y 2011, y tras un breve paso por el sector privado-- y coordinador del grupo socialista en el consistorio barcelonés entre 2011 y 2016. Fue nombrado gerente municipal de Empresa, Cultura e Innovación en 2016, coincidiendo con la entrada del PSC en el Gobierno de Ada Colau y, desde noviembre de 2016, es el secretario de Organización del partido socialista catalán.Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y MBA en IESE de la Universidad de Navarra, además de profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-URL, donde ha impartido la asignatura de Introducción a la Economía, han detallado fuentes del Gobierno central. Durante su mandato como alcalde se llevó a cabo una descentralización administrativa del Ayuntamiento, y en 1998 se aprobó la construcción en el municipio del centro comercial La Roca Village, durante un mandato que también se impulsaron diversos equipamientos.El que será el nuevo ministro de Sanidad perdió una moción de censura cuando era alcalde de La Roca del Vallès, pero en las siguientes elecciones se volvió a presentar y ganó los comicios con mayoría absoluta. Renunció al cargo en septiembre de 2005 tras diez años al frente del Gobierno municipal para incorporarse al Departamento de Justicia de la Generalitat como director general de Infraestructuras, según la web del Ayuntamiento de La Roca del Vallès.
- Pedro Duque: ministro de Ciencia El astronauta Pedro Duque seguirá al frente del Ministerio de Ciencia, según ha podido saber Europa Press, aunque perderá las competencias en Universidades, que conformarán un nuevo Ministerio al frente del cual estará el sociólogo Manuel Castells.Duque, que accedió al cargo en junio de 2018, nació en Madrid en 1963, es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos) y Académico Correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España (RAING) desde 1999. Es el primer y único español que ha viajado al espacio por el momento.La llegada de Duque al ministerio no estuvo exenta de polémica tras conocerse que el ya ministro poseía una sociedad patrimonial con la que habría adquirido una vivienda. Entonces, se defendió asegurando que le recomendaron la sociedad, que había liquidado impuestos y que le costaba mucho deshacerla.Al margen de esta polémica, durante el tiempo que ha estado al frente del Ministerio, Duque ha sacado adelante algunas de las medidas que llevaban tiempo siendo demandas por la comunidad científica, como la eliminación de las intervención previa en los organismos públicos de investigación. El ministro también ha creado un nuevo sexenio, el de transferencia del conocimiento, para reconocer a aquellos investigadores que se dediquen a la formación de otros investigadores o que generen valor económico y/o social. Para lograr una mayor igualdad, el departamento dirigido por Duque también ha modificado la Ley de la Ciencia para que las investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica.También ha creado el Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación' para la Igualdad de Género (OMCI) y ha recuperado la convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación, tras un paréntesis de cuatro años. Entre los retos que el ministro tendrá que asumir en esta nueva legislatura, está el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) o la extensión del sistema de incentivos basado en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de universidades al resto de Organismos Públicos de Investigación (OPI) --en total hay seis--, algo que por Ley debería haberse aplicado desde 2014.
- Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional La socialista Isabel Celaá mantendrá la cartera de Educación y Formación Profesional en el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, lo que se interpreta como una apuesta por la continuidad que permitirá acelerar las reformas pendientes, según coinciden diversas voces de la comunidad educativa consultadas por Europa Press, aunque muchas consideran insuficiente el objetivo de aumentar la inversión en educación hasta el 5% del PIB en 2025 tras los recortes de las última década."El grueso de los recortes se produjo en sólo dos años, y recuperarlos en cuatro años no es descabellado", expone el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, que junto a otras organizaciones sindicales, como UGT, CSIF o STEs, reclaman alcanzar ese objetivo de inversión en la recién estrenada legislatura.Los sindicatos docentes aplauden que Celaá abandone la Portavocía del Gobierno, responsabilidad que ahora asumirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "El Ministerio de Educación tiene suficiente entidad como para que su responsable no tenga que compartir su tiempo con la Portavocía", afirma a Europa Press el presidente del sindicato ANPE, Nicolás Gutiérrez.Maribel Loranca, de UGT, coincide en que "va a favorecer que se haya descargado las labores de Portavocía", y apremia a Celaá a ponerse con los deberes pendientes. "Ya no hay excusas no tratar temas del profesorado", apunta aludiendo al estatuto docente, entre otras reivindicaciones del sector. Para Francisco García de CCOO, "esta debe ser la legislatura del profesorado".La gran asignatura pendiente, sin embargo, es la reforma educativa que derogue la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular y cuestionada por gran parte de la comunidad educativa.Los estudiantes recuerdan a Celaá que también tiene pendiente "reformular el sistema de becas", porque el actual sigue generando incertidumbre. "Hoy, a 10 de enero, cuatro meses después de que empiece el curso siguen habiendo estudiantes que todavía no saben si van a recibir su beca o no, y mucho menos saben cuando la van a recibir", denuncia Andrea González Henry, presidenta de Confederación Estatal de Estudiantes (CANAE), en declaraciones a Europa Press.La ministra de Educación asume compromisos del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos como acabar con la "segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos" o asegurar que "todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo".Propósitos que en el sector de la educación concertada generan "alerta", en palabras del presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos CONCAPA, Pedro Caballero. "No sabemos si se van a vulnerar derechos fundamentales como elegir la educación de nuestros hijos, porque en el acuerdo hablan de blindar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo", ha señalado a Europa Press.En la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) también manifiesta su "preocupación" ante "la idea de blindar la educación pública pueda entenderse como discriminar a la concertada". Sin embargo, su presidente, Alfonso Aguiló, "desea lo mejor a la ministra en este nuevo mandato", aunque espera que la nueva ley de educación "no se haga contra nadie sino a favor de todos".Del mismo modo, la patronal Escuela Católicas reclama a Celaá que "sea permeable a las peticiones" que la concertada planteó sobre su reforma educativa, porque siguen considerando que "limita gravemente los derechos de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos" al eliminar el concepto de demanda social como un criterio de la planificación escolar.Todo lo que preocupa en los colegios concertados, de titularidad privada pero financiados con recursos públicos, se celebra en los privados sin fondos de la administración. La Asociación de Colegios Privados e Independientes CICAE la continuidad de Celaá ha sido recibida con "satisfacción" por "su vinculación y experiencia con el mundo educativo tanto a nivel autonómico como nacional".
- Carolina Darias: ministra de Política Territorial y Función Pública La consejera canaria Carolina Darias será la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, han confirmado fuentes de Moncloa. Darias es la actual responsable de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.El Ejecutivo ha destacado de ella que, a sus 54 años, conjuga un perfil técnico con carácter político y que se trata de una mujer del partido. La nueva ministra fue delegada del Gobierno en Canarias entre 2008 y 2011, año en que fue elegida consejera y portavoz del Cabildo de Gran Canaria.En el año 2015 asumió la presidencia del Parlamento de Canarias durante la IX Legislatura y desde julio de 2019 es consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.Darias, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1965, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Administración Pública de Canarias.En el año 1999 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y desde 2004 al 2008 fue subdelegada del Gobierno en Las Palmas, para posteriormente ser elegida diputada del Parlamento de Canarias para la VII Legislatura, en la que ocupó la Portavocía de Sanidad del Grupo Socialista, hasta que desempeñó el puesto de directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- José Manuel Rodríguez Uribes: ministro de CulturaEl exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes será el nuevo ministro de Cultura y Deportes, ha confirmado Moncloa. El nuevo ministro de Cultura y Deportes ejerce en la actualidad como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Fue director de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana entre 2005 y 2011.Doctor en Derecho, es profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad Carlos III de Madrid y fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre junio de 2018 y abril de 2019.Secretario de Laicidad en la Ejecutiva Federal del PSOE, fue el encargado de elaborar un informe de la Delegación del Gobierno de Madrid que desaconsejaba enterrar a Franco en la Almudena por motivos de seguridad.También ha sido director del Instituto de Derechos Humanos 'Bartolomé de las Casas' (2016-2018), del que fue antes director de su programa de doctorado y entre 2013 y 2017 de su Máster en Derechos fundamentales.
- Juan Carlos Campo: ministro de JusticiaEl jurista Juan Carlos Campo Moreno, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en las últimas tres legislaturas, ha sido elegido por Pedro Sánchez para ponerse al frente de esta cartera, que tiene entre sus principales retos la modernización del sistema, la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal pactada con Unidos Podemos y anunciada "desjudicializacón" del conflicto catalán.Campos, nacido Osuna (Sevilla) en 1961, ingresó en la carrera judicial hace 32 años, es doctor en Derecho, fue vocal del Consejo General del Poder, obtuvo plaza en lo Penal de la Audiencia Nacional y ha ocupado diferentes puestos de alta responsabilidad en la gestión pública, un perfil que le venía colocando desde el año 2000 en todas las quinielas para ocupar el Ministerio de Justicia siempre que ha habido gobierno socialista.Accedió a la carrera judicial en 1987, adquiriendo dos años después la categoría de magistrado. Diez años después consiguió el doctorado en Derecho por la Universidad de Cádiz y fue entonces cuando comenzó su trayectoria política saltando de la Audiencia Provincial de Cádiz a Director General para las Relaciones con la Administración de Justicia por la Junta de Andalucía, cargo en el que permaneció hasta el junio del año 2000.Entre el año 2001 y 2009 fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PSOE y en 2009 fue nombrado secretario de Estado del Ministerio de Justicia, cargo que ocupó hasta 2001, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya en 2014, la Junta de Andalucía le nombró secretario general de Relaciones con el Parlamento.El pasado mes de abril, la Junta de Gobierno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España aprobó su nombramiento como académico de esta institución y hace apenas unos meses fue distinguido con el Premio Excelencia y Calidad por el Colegio de Procuradores.