En concreto, el marido de la Infanta Cristina reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009- con los fondos que obtendría con la venta del inmueble, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros. Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia.
En la resolución recurrida, el juez aseveraba que el crédito que Urdangarin pretende pagar a la Agencia Tributaria (AEAT) no deriva de la supuesta comisión de ningún delito fiscal de los investigados en el caso Nóos, de modo que el embargo que pesa sobre la mitad indivisa del palacete, perteneciente al Duque, "no tiene como finalidad garantizar ese crédito".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)