La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acuerda estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en estas protestas que se originaron tras los registros acordados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona al entender que estos hechos pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado".
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