El Ejecutivo comunitario ha tachado de "especialmente lamentables" los "retrasos" y las "insuficiencias" en la aplicación de estas normas, que no sólo afectan a España sino también a otros Estados miembros, y ha resaltado que su objetivo es "aumentar la protección de las víctimas y de la sociedad general".
"La Comisión pide a todos los Estados miembros que todavía no lo han hecho que adopten rápidamente las medidas para aplicar plenamente la legislación europea", ha dicho en un comunicado. De momento, Bruselas no dispone de poderes para expedientar a los países en cuestión, aunque los logrará a partir del 1 de diciembre, según el Tratado de Lisboa.
La primera de las normas en cuestión obliga a los Estados miembros a tener en cuenta, en los procedimientos judiciales, las condenas impuestas en otros países de la UE del mismo modo que se tienen en cuenta los antecedentes penales nacionales. Con ello se pretende mejorar la protección de las víctimas.
Hasta ahora, un total de 22 países de la UE han incorporado esta decisión marco a sus respectivas legislaciones nacionales. Además de España, los incumplidores son Bélgica, Italia, Lituania, Malta y Portugal.
La segunda norma regula qué Estado miembro debe hacerse cargo de un procedimiento penal correspondiente a un delito cometido en varios países de la UE. En este caso, sólo 15 Estados miembros han completado la trasposición. Además de España, faltan Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Suecia.