En su intervención inicial ante la comisión parlamentaria del fraude, la evasión fiscal y la corrupción, ha remarcado que la grabación se hizo sin su consentimiento, y ha recordado que en la trama de presunto espionaje hubo otros "espiados", como la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega; el expresidente catalán José Montilla, y el conseller Felip Puig.
Ha esgrimido que la prueba de que la conversación fue grabada ilegalmente está en que la agencia de detectives Método 3 respondió a su demanda con un "allanamiento civil total" en el que reconocía que la grabación fue ilícita.