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Prosigue la investigación ante un posible delito de prevaricación administrativa por la autorización por parte del Gobierno de la manifestación del 8-M cuando arrancaba la pandemia del coronavirus en España. Este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha dado cita a un total de 15 testigos en la causa en la que se investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo.
Concretamente, durante la tarde ha sido el turno de siete promotores de concentraciones a los que, según han declarado, la Delegación del Gobierno en Madrid llamó para instarles a cancelar sus convocatorias por razones sanitarias.
Todos ellos declararon ante la Guardia Civil, que en uno de sus informes entregado a la jueza concluye que funcionarios de la Delegación del Gobierno llamaron a partir del 11 de marzo a promotores de manifestaciones para ordenarles, con "expresiones imperativas", que desconvocaran. Sin embargo, los testigos han ratificado sus declaraciones ante la policía judicial pero han asegurado ante la magistrada que no interpretaron esas llamadas como una orden, sino más bien como una “sugerencia” por la crisis sanitaria.
Así lo ha manifestado por ejemplo, ante preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ejerce la defensa de José María Franco, la portavoz de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler (APASAA), Diana Chnaiker, quien ha añadido que, debido a la forma en la que está redactada la conclusión de su testimonio en el documento, "se malinterpreta" que ella se sintió presionada para cancelar la manifestación.
Más allá, ha precisado que recibió una llamada el 17 de marzo, tres días después de que se declarase el estado de alarma, para preguntarle si estaba al tanto de la situación y para pedirle que comunicara de forma oficial que la concentración que estaban convocando no se iba a producir.
En la misma línea, la portavoz de APASAA ha señalado que envió un correo electrónico para formalizar la cancelación del acto, pero que debido a la restricción de la circulación de los ciudadanos derivada del estado de alarma entendía que la manifestación no podía tener lugar.
En este sentido, ha aclarado que la asociación tenía convocadas en marzo otras dos concentraciones ante la Asamblea de Madrid: una el 5 de marzo que se llevó a cabo y otra el día 12, que no se produjo porque no hubo Pleno. Respecto a esta última, ha añadido a Delegación del Gobierno no le llamó y oficialmente consta como celebrada aunque nadie acudiera a ella.
Por otro lado, Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, ha declarado también como testigo indicando que aprovechaba su declaración para corregir las "tergiversaciones" que la Guardia Civil ha plasmado en su informe. De este modo, ha apuntado que él no decidió anular la convocatoria el 6 de marzo, tal y como se relata en el documento del Instituto Armado, sino que fue el día en el que recibió la autorización para celebrar la concentración.
A este respecto, ha precisado, no llegó a recibir la llamada de la Delegación del Gobierno en Madrid porque el día 11 decidió por iniciativa propia cancelar la convocatoria fijada para el día siguiente y no para el 13 de marzo, como dice el informe. Por ello, ha afirmado posteriormente ante los medios: “La Guardia Civil ha tergiversado”.
En una línea similar se pronuncia también Santiago de la Iglesia, del Sindicato Oficios Varios del Sur CGT, quien ha subrayado que la Guardia Civil “abrevia” tanto su declaración que no contempla todos los "detalles" que explicó en su comparecencia.
Negando las presiones, ha admitido no obstante que recibió la llamada de la Delegación del Gobierno el 12 de marzo para pedirles que desconvocaran la concentración prevista para el 14 de marzo ante las puertas de un supermercado por el despido de una compañera y que el sindicato comunicó que seguirían adelante con sus intenciones. Sin embargo, un día después decidieron desconvocar al ver las noticias sobre la posible restricción de movimientos.
Por otro lado, los otros cuatro testigos han señalado que recibieron llamadas para desconvocar a modo de sugerencia, ante la situación que estaba provocando el coronavirus, a excepción del epresentante de la Asociación Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe, que ha aclarado que ellos no habían solicitado autorización porque se concentran ante el Ayuntamiento de la localidad madrileña de forma esporádica.
Del mismo modo, durante la mañana han comparecido también como testigo otros cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid y otros tres promotores de concentraciones, que han confirmado haber recibido tales llamadas por parte de la Delegación días después del 8-M. Todos han ratificado el contenido de las declaraciones que realizaron ante la Benemérita.
Además, las fechas sobre las llamadas preventivas ante la situación que estaba provocando el COVID-19 cuadran con lo manifestado este miércoles por el propio Franco durante su declaración como investigado, al reconocer que no tuvo constancia de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo, un día después de la marcha feminista.
Hasta ese momento, la línea de defensa seguida por la Abogacía del Estado pasaba por asegurar que la Delegación no recibió ninguna alerta sanitaria de organismos nacionales o internacionales antes del 14 de marzo, víspera de la declaración del estado de alarma.