Mediante la documentación recibida, que ocupa unos 200 folios y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado podrá analizar detenidamente las operaciones efectuadas por el marido de la Infanta Cristina a fin de determinar ver si éste habría incurrido en otro delito fiscal con el cobro de la anterior cantidad.
Todo ello después de que a principios de 2008 Urdangarin se pusiera en contacto con el presidente de AGVAL, Eugenio Calabuig, para impulsar unos proyectos por los que la mercantil abonó tres facturas por un total de 375.000 euros.
Según los investigadores, a efectos de mantener la opacidad de las transacciones, el colaborador de Urdangarin utilizó los servicios del testaferro Robert Cockx, quien para ello cedió una empresa fiduciaria de su propiedad, Alternative General Services, domiciliada en Irlanda y cuya cuenta corriente estaba radicada en Laussane (Suiza). El supuesto hombre de paja habría cobrado un 5 por ciento de las operaciones a cambio de figurar en las mismas.
Así, el contrato entre Urdangarin y Treviño con Calabuig fue suscrito formalmente por Cockx en representación de Alternative, todo ello por la búsqueda y localización de proyectos de inversión que finalmente no fructificaron, lo que motivo la rescisión del acuerdo rubricado.
Fue entonces cuando Cockx, por orden del Duque y su colaborador, emitió tres facturas contra AGVAL por un importe global de 375.000 euros, que fueron transferidos en la cuenta corriente de Cockx en Suiza. Acto seguido, el presunto testaferro, tras descontar su 5 por ciento, traspasó la cantidad restante a otra cuenta del país suizo perteneciente a la empresa Star Opcions, propiedad de Treviño.
De este modo, desde la cuenta del colaborador del yerno del Rey Don Juan Carlos finalmente se realizó otra transferencia, por importe de 140.000 euros, para el pago de los servicios del propio Urdangarin. El propio encausado negó el pasado mes de febrero disponer de cuentas bancarias en el exterior ni de ningún testaferro para canalizar fondos al extranjero.