Lo ha dicho en un comunicado después de que Colau apostara el jueves por revisar la ordenanza para poner el acento en resolver las causas de las actividades incívicas y no en las sanciones, "desproporcionadas en muchos casos".
CiU ha señalado que la posibilidad de cambio la introdujo el Gobierno de Xavier Trias para recuperar el valor educativo de la sanción, "teniendo en cuenta que no es sólo un instrumento retributivo o de castigo, sino un elemento de corresponsabilización y de toma de conciencia".
Ha recordado que el consistorio ofrece 1.170 plazas en 295 equipamientos donde realizar los trabajos, entre los que figuran bibliotecas, centros cívicos, equipamientos deportivos, 'casals' y residencias de ancianos.
Defiende la norma como una "buena herramienta para garantizar la convivencia", y ha exigido al nuevo Gobierno municipal que la haga cumplir para mantener el orden, especialmente en el centro, en las playas y en los lugares más concurridos durante el verano, cuando aumenta la venta ambulante, ha destacado.
El concejal Jordi Martí ha registrado dos preguntas en el consistorio para saber qué líneas políticas impulsará el Gobierno municipal para impedir la venta ilegal en el espacio público y qué directrices tiene la Guardia Urbana y la Inspección Municipal para perseguirla.