Así lo ha puesto de manifiesto ante las preguntas del fiscal Juan Carrau en el marco de su declaración, en la que el acusado ha aprovechado para pedir perdón al jurado "por mi incorrecta actuación". "Un personaje público no tiene perdón por haber robado", ha señalado.
El encausado recordó que fue en 2002 cuando entró en una discoteca del Paseo Marítimo en la que conoció a Alfredo Gómez, propietario del local de alterne masculino Casa Alfredo.
En ese local, según la Fiscalía abonó más de 28.400 euros, aunque Rodrigo de Santos ha querido aclarar que acudía allí "porque me proporcionaban droga, lo que me proporcionaba una adicción de la que no podía salir".
Al tiempo ha declarado que con el dinero "pagaba además los servicios del local" ya que la cocaína que le proveían le generaban "necesidades de sexo y la cocaína te produce deshinibición".
Por último, ha indicado que nunca pensó comprar la droga en locales que no fueran Casa Alfredo, ya que pensaba que "allí tenía una privacidad y se me ocurrió como sitio más discreto".
Devolvió el dinero
La causa se basa en la querella interpuesta el 13 de marzo de 2008 contra el ex teniente de alcalde popular por parte de la Fiscalía de Baleares por dicho presunto delito de malversación de caudales públicos.
Es mismo día, el ex concejal fue suspendido de militancia por el PP, que abría diligencias en su contra por dicho delito, cometido presuntamente mientras era concejal de Urbanismo (2003-2007).
Al día siguiente De Santos devolvió el dinero de esta investigación judicial.
Más acusas pendientes De Santos mantiene también otra causa abierta por presunto abuso de menores, por la que en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza tras haber sido dictada prisión preventiva contra él.
En concreto se le acusa de los delitos de abuso sexual, tráfico de drogas y exhibicionismo.
Una tercera causa en su contra es también por malversación de fondos públicos, fraude, falsedad documental y cohecho en relación a la construcción del castillo del Parque de Sa Riera cuando era concejal de Urbanismo.
Por ese castillo infantil, el Ayuntamiento de Palma pagó 1,4 millones de euros a la empresa sueca Hags. RSO