"La estabilidad presupuestaria está por encima de otros intereses". Con estas palabras ha defendido la portavoz popular en el Congreso el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para introducir en la Constitución el límite de déficit y deuda de las administraciones. Tanto uno como otro parecen compartir, aunque desde puntos de vista ideológicos distintos, como ellos mismos se encargan en señalr, que esta es la forma de generar confianza en la economía española, crear empleo y garantizar los derechos sociales y el estado de bienestar.
"La estabilidad presupuestaria es indispensable para el crecimiento y la creación de empleo", ha dicho Santamaría. "Nadie podrá gastar más de lo que tiene. Somos un país que confían en si mismo y en el que lo demás pueden confiar. España responde con un gran acuerdo, muy bien recibido por la opinión pública internacional. Los dos grandes partidos aparcan diferencias", ha añadido.
Para el PP se trata de una "reforma de extraordinaria transcendencia económica, social y política, aunque "no es la única necesaria para poner en pie nuestra economía, es la primera".
En la misma línea de estabilidad presupuestaria y garantías sociales se ha mantenido el discurso del portavoz parlamentario socialista. "Somos un país cumplidor en el pago de nuestras deudas y no debe haber ninguna deuda al respecto", ha sentenciado José Antonio Alonso antes de añadir que "la estabilidad financiera del país" es necesaria "para preservar el nivel de conquistas sociales por las que hemos luchado y a las que tanto hemos contribuido".
"Si debemos en excesos no tendremos recursos para hacer mejoras progresivas en sanidad, educación y en el conjunto de los servicios sociales", ha asegurado Alonso para enfatizar que será la situacion económica la que determine el límite en gastos sociales.
En contra de la reforma se han mostrado los partidos de izquierda y nacionalistas. Desde CiU han hablado de la "ruptura del proceso constituyente". Josep Antoni Duran i Lleida, partidario de limitar el déficit, cree innecesario que este se establezca mediante ley orgánica y ha dicho que deberían ser los "parlamentos autonómicos quienes fijen su límite". Además, ha apostado por la introducción del principio de solidaridad y ha criticado duramente que "se diluya la intervención autonómica" y se "lamine la capacidad financiera de las comunidades".
Tras un intenso debate, en el que la mayoría de partidos han reclamado la celebración de un referéndum, el Congreso ha aprobado tomar en consideración la modificación del artículo 135 de la Constitución con 318 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones. Hasta el viernes a las 14 horas se podrán presentar enmiendas. La votación final de la segunda reforma constitucional de la historia de la democracia se producirá el próximo día dos de septiembre.