No habló Sánchez pero sí su portavoz del Gobierno. Una señal inequívoca de que las palabras de Torra han dejado poco margen negociador a un gobierno que sigue tendiendo la mano sin recibir nada a cambio... salvo mantenerse en él. "Hemos escuchado con atención un discurso que no ha abandonado las claves del independentismo más clásico. Es un relato construido con piedras más ancladas en el S.XIX y en el S.XX que en el S.XXI. Hemos escuchado un relato sin demasiadas novedades dirigido a los independentistas para los independentistas de forma exclusiva", ha destacado Celaà.
La contestación del Gobierno al ultimátum de Torra de que no aceptará una resolución que no sea absolutoria ha sido clara: el poder judicial es independiente. Aunque Celaà no haya querido adelantar acontecimientos. "El sistema judicial es un sistema garantista y tiene recursos y posibilidad, paso a paso, no hablemos de futuribles. Pero las sentencias de los jueces hay que aceptarlas". O lo que es lo mismo. Ya se verán las condenas en el futuro vino a decir el Gobierno que volvió a insistir en dos términos. Negociación y diálogo. Negociación sí para todo lo que una a los catalanes y catalanas y autogobierno. Torra ya ha dejado claro que no le vale.
La portavoz del Gobierno aplaudió la frase con la que Torra había señalado que no daría un paso a atrás. "Está bien. Es hora de dar pasos adelante. El Gobierno lo ha hecho con propuestas sociales, de infraestructuras...", desgranó Celaà. Pero Torrá dejó claro que los pasos adelante no eran hacia la convergencia con el Gobierno sino en el camino a la independencia y al referéndum de autodeterminación. Aunque Puigdemont mantenga la inercia señalando que el referéndum propuesto por Sánchez es interesante, Torra ha dejado claro que nada será satisfactorio salvo votar...por ser un país.
El Gobierno sigue insistiendo en que está dispuesto a dialogar y vuelve a pedir al señor Torra a que abra la conversación. "Hemos puesto la mesa para que estemos todos". No ha podido el Gobierno acabar la comparecencia España es un Estado Social y Democrático de Derecho. El poder judicial es independiente.
En este sentido, el Gobierno ha destacado que "España es una democracia avanzada y con unos niveles de descentralización similares a Alemania, Canadá y EEUU. Tenemos profundas discrepancias con este discurso, pero vamos a trabajar para cohesionar a la ciudadanía y no enquistar problemas".