Según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dicha empresa es nueva en este proceso, pero es propiedad del mismo empresario ya investigado por otras empresas, al tiempo que precisan que las personas están siendo investigadas por la supuesta comisión de delitos de fraude y estafa a la Seguridad Social.
Con estos 150 nuevos imputados, son cerca de 600 las personas que están siendo llamadas ya a declarar ante la juez en el curso de la instrucción, la mayoría de manera presencial o a través de videoconferencia.
Mientras tanto, ante el volumen de trabajo con el que se encuentra esta tramitación, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha vuelto a solicitar a la Junta de Andalucía un funcionario de refuerzo.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Córdoba confirmó a principios del año pasado el auto de imputación sobre las cerca de 400 personas que fueron imputadas en el inicio de la causa, con el fin de evitar que prescriban los delitos ante el tiempo en el que se pueda prolongar la instrucción del procedimiento, en la que parte de los imputados son gerentes y asesores fiscales.
En este sentido, entre las personas imputadas, parte procede de otras provincias de fuera de Córdoba, concretamente de Mallorca, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Sevilla, Toledo y Barcelona, entre otras. Hasta el momento son más de 1,6 millones de euros supuestamente defraudados por los imputados, en su mayoría perceptores de prestaciones "indebidas" de desempleo a través de los servicios de empleo.
PRESUNTOS CONTRATOS DE TRABAJO FALSOS
Las diligencias previstas se iniciaron en enero del año 2012 a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social, pero la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en el mes de marzo del año 2009, según informó a finales de noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En concreto, el presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.
Así, supuestamente realizaban devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.