Para este miércoles, a partir de las 09.30 horas, están citados a declarar el concejal 'popular' Alfonso Novo, un asesor del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano y una tercera persona de la que no se ha facilitado más datos. Todos ellos declararán como investigados, asistidos por un abogado, en la causa que se sigue contra 29 personas por un presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas de la Comunitat.
La investigación, que se remontan a contratos desde 2003, se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar presuntamente adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.
24 DETENIDOS
La semana pasada fueron detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el exvicepresidente de la corporación provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Corts, David Serra y la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón.
Asimismo, se encuentran el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos; el exalcalde de Genovés y ex jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; la ex secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia. Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).
Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, LLopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Todos los arrestados quedaron en libertad provisional aunque mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.