El último mando único de la etapa socialista --cesado en diciembre de 2011-- fue imputado por un presunto delito de prevaricación y otro de coerción de derechos cívicos en el que habría incurrido al negar la presencia de representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles en el órgano de gobierno de la Asociación Pro-Huérfanos del Instituto Armado.
El juez tomará declaración en calidad de testigos al general Rogelio Martínez Masegosa, actual Presidente de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil y ex Jefe de la Agrupación de Tráfico y a José Silva, representante asociativo en el Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil en el año 2009, fecha, en la que se remontan los hechos investigados por el juzgado.
Masegosa y Silva están citados a declarar a las 12.30 en el juzgado de instrucción de Madrid número 39 de la Plaza de Castilla. Estas declaraciones se producen a petición de la AUGC, según la cual, el magistrado tiene en su poder "diversos documentos relativos a decisiones del máximo órgano de gobierno y administración de la Asociación Pro Huérfanos".
"Estos documentos han puesto de manifiesto el incumplimiento de normas legales que recogían la obligatoriedad de la presencia de representantes de las asociaciones profesionales en los órganos de gestión de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil", sostienen desde la asociación mayoritaria del Instituto Armado.
Este colectivo recuerda que la Asociación Pro-Huérfanos "cuenta con ingentes ingresos y con un patrimonio inmobiliario cuantioso, del que no se da cuenta a los guardias civiles, a pesar de que estos están obligados a aportar una parte de su nómina todos los meses".