La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a al menos 18 personas en Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana por formar parte de una organización criminal liderada por una única persona que, con ayuda de una amplia red de testaferros, defraudó 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 en peajes no recaudados.
La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mantiene en secreto las diligencias, sobre todo lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada (y pagada) y la que posteriormente consumía una cartera de unos 4.000 clientes, entre los que destacan grandes pymes y algunos de alta tensión y clientes domésticos.
De la operación Ámbar ha dado cuenta este jueves el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar del desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada.
La UCO investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó el sector, con lo que se permitió que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes. De momento se han detenido a 18 personas en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.
El cabecilla controlaba una red con 13 empresas fraudulentas. En la operación se han bloqueado 18 vehículos y un velero de 12 metros, así como 56 productos financieros del total de 154 analizados. También se han intervenido nueve inmuebles y 67 sociedades, de las 180 investigadas. Por ahora se tiene constancia de 24 testaferros que se encargaban de crear y hacer desaparecer el entramado empresarial sobre el que, en un margen de tiempo de siete meses como máximo, se apoyaba la estafa.
"El movimiento es lo que caracteriza a esta organización, todo tenía que hacerse muy rápido", ha explicado el teniente coronel de la UCO, que ha puesto en valor que por primera vez se haya conseguido acusar penalmente a unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras y a Hacienda.
La organización criminal ofrecía descuentos del entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según ha detallado la subdirectora de Energía de la CNMC. "Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase", ha explicado Paloma Espeja.
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