Durante su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación, el que fuera secretario general de FP y Educación Permanente de la Junta de Andalucía entre junio de 2012 y septiembre de 2013 ha explicado que se pueda "producir desorden" si cuando se realiza el traspaso había expedientes que se encontraban "vivos" porque aún "se están verificando y están sobre las mesas", además de que no se cerraban hasta que no terminaba el último curso que se enmarcara en el mismo.
Así, tras recordar que la Cámara de Cuentas detectó "falta de homogeneidad en el contenido de expedientes", y "debilidades" en el archivo de los mismos y su "control interno", Cara ha indicado que el "problema clave es que los expedientes tienen que venir verificados", y en este caso "se mandaron las cajas" desde el ámbito de la Consejería de Economía --en la que en mayo de 2012 había quedado integrada la de Empleo-- y "quienes hicimos la verificación fuimos nosotros", en referencia al personal de Educación, que se dedicaron a "estampillar cada listado de recepción de cajas y expedientes no solo en los servicios centrales, sino también en las provincias".
Ha reconocido igualmente que queda un "impresionante volumen de gestión" pendiente de resolver, si bien ha recomendado, como sugerencia de cara al futuro, que desde la Administración se habilite personal que trabaje "pensando hacia el futuro" de la Formación Profesional de forma independiente a quienes se dediquen a "liquidar lo anterior".
La comparecencia de Cara Rodríguez ha sido la segunda de las programadas para la jornada de este viernes, tras la que ha protagonizado el director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García Martín, y antes de las que completan la agenda del día, que son las del secretario general de Economía, Gaspar Llanes, y la de la expresidenta de la UTE CioMijas María de la O Ustarán Muela.
Durante su intervención inicial, el compareciente, que es docente y "funcionario por oposición", ha defendido la formación de la que dispone para justificar el que fuera elegido para desempeñar el cargo de secretario general de FP y Educación Permanente, que incluye, entre otras cuestiones, haber "coordinado cursos de formación del profesorado". Además, fue dos veces delegado de Educación de la Junta en Almería, según ha recordado.
Ha precisado que su relación con la Formación Profesional para el Empleo se ciñó a un periodo aproximado de "cinco meses y medio", entre abril y septiembre de 2013, y que durante su responsabilidad en dicho cargo asumió la competencia de "102 expedientes" --que suponían "más de 200 cursos"-- que se veían afectados por la orden de 25 de junio de 2013 de la Consejería de Educación, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 18 de julio de ese año, de avocación de competencias de gestión y justificación de subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo. Hasta ese momento su gestión había estado centrado en la FP inicial y la Educación Permanente, según ha explicado.
TRASPASO "PACÍFICO"
Ha incidido en que el traspaso de competencias fue "pacífico" y una "decisión brillante porque nos ponía a la altura de Europa", aunque también la "cuestión más compleja". Al respecto, y en respuesta a preguntas de la diputada de IULV-CA Elena Cortés, ha destacado que de forma previa al trasvase a Educación se había producido un cambio de consejerías, de modo que la de Empleo había quedado integrada en la de Economía, que es la que "hace el traspaso", y "los criterios de archivo y documentación de una Consejería no siempre tienen un reflejo similar en las agencias y organismos autónomos".
En todo caso, ha remarcado que "los expedientes no estuvieron en una empresa fuera del ámbito administrativo", sino que "estuvieron custodiados" y en espacios "cerrados", aunque "tenían un problema grave", y es que en uno mismo "puede haber dos, tres, cuatro, 20 cursos", y "un expediente no se cerraba hasta que terminaba el último curso".
Ha apuntado que había alrededor de 8.000 expedientes que "estaban vivos", de los que desconoce "cuántos estaban colocados en mesas o estanterías", en carpetas que requerían después de "un tratamiento documental específico", y en esa línea ha subrayado que "no hay un sistema en el mundo capaz de gestionar 3.000 ó 5.000 cursos al año que se financian con subvenciones", y al respecto ha apuntado que la nueva legislación ya establece "la posibilidad de financiar la FPE bien a través de la Ley de Contratos o a través de módulos aprobados por la propia Administración", lo cual "facilitaría las cosas". "Una subvención se debe hacer a una ONG o a una entidad pública, pero no tiene mucho sentido a empresas privadas", ha apostillado.
DIGITALIZACIÓN
También ha indicado que él mismo dio orden para que se procediera a la "digitalización" de expedientes, tras lo que tanto desde el PP-A como desde IU le han preguntado que por qué desde la Junta están fotocopiando dichos expedientes antes de mandarlos a la comisión "si están digitalizados".
Durante su mandato, en octubre de 2012, llegó un "aviso de presuspensión" de pagos por parte del Fondo Social Europeo (FSE) a la formación a partir de un informe de la Intervención General de la Junta, después de apreciar "unos problemas", entre los que ha destacado los que se producían en el volcado de información hasta el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Igualmente, a preguntas de la diputada socialista María Luisa Bustinduy, ha negado que la norma que regía la Formación Profesional para el Empleo estuviese diseñada para el fraude, así como en alguna ocasión diera o recibiera orden para saltarse la legalidad vigente. También ha defendido que en Andalucía se ha diseñado una norma "más restrictiva" en esta materia que la que hay estatal.
EXCEPTUACIÓN RELATIVA A CONSORCIOS
Por otro lado, a preguntas del diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico se ha referido a un expediente de exceptuación relativo a los consorcios de formación para el empleo, que venía precedido, según ha indicado, de "un informe" donde "se justificaba, firmado "por el jefe de Servicio".
A preguntas de la diputada de C's Marta Bosquet, que ha subrayado que es la "primera vez" que se ha hecho alusión a la existencia de esos informes, ha incidido en que "cualquier expediente que llega a un consejero lleva un informe administrativo detrás".
A la pregunta de si "detectaron irregularidades" en consorcios, Cara ha respondido que "antes del traspaso" de competencias "había una cuestión concreta en Formades" con "un procedimiento de iniciación de reintegro", al tiempo que ha indicado que él mismo inició expedientes de reintegro.
Igualmente, cuestionado por el diputado del PP-A sobre si el sistema de formación ha cumplido el objetivo en Andalucía, ha respondido que se debería extender esa duda a lo ocurrido en el conjunto de España, ya que "en el ámbito nacional se han ido acumulando una serie de problemas".
Finalmente, ha concluido su comparecencia enumerando una serie de "sugerencias fruto de su experiencia", entre las que figuran que "haya una gestión única de la Formación, la utilización de los más de 500 centros públicos de Formación Profesional y la constitución de nuevos centros integrados para que sean auténticas maquinarias de formación".