El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación trasladó su "profunda preocupación" al Gobierno belga y a la Comisión Europea por la decisión del tribunal de Gante de negar la extradición a España de una etarra alegando que había graves riesgos de que fuese sometida a torturas, han informado a Europa Press fuentes de la Defensora del Pueblo.
El secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, escribió en mayo pasado una carta al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, en la que expresaba la "profunda preocupación española" por la decisión del tribunal de Gante, que afecta a la aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea.
La carta, que lleva fecha del 27 de mayo de 2015, también fue remitida al ministro belga de Justicia, han precisado las mismas fuentes.
Sin embargo, la institución que preside la 'popular' Soledad Becerril desconocía la existencia de esta gestión cuando el 27 de octubre pasado recomendó a Exteriores que trasladara a Bélgica u otros Estados que pudieran denegar en un futuro la extradición a España de presuntos autores de delitos de terrorismo "la mayor información posible sobre el daño causado por el terrorismo" y sobre la "realidad" de España en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.
El departamento que dirige José Manuel García-Margallo contestó a la Defensora del Pueblo en diciembre pasado, dando cuenta de las distintas gestiones llevadas a cabo por ese Ministerio con objeto de dar cumplimiento a su recomendación. Pero la respuesta no llegó a tiempo de ser incluida en el informe anual de la institución que dirige Becerril.
El informe, publicado el miércoles, se refiere a esa recomendación formulada a Exteriores, "que hasta la fecha sigue pendiente de contestación", dice textualmente. Pero aunque se publicase ayer, el documento, de más de 500 páginas, se cierra con anterioridad.
En la respuesta de Exteriores, también se informaba a la Defensora que las representaciones diplomáticas españolas reciben puntualmente instrucciones con objeto de vigilar la posible actividad de ETA y su entorno, y de salir al paso de los actos y campañas que sus simpatizantes pudieran emprender.
Además, señalaban que ese departamento "aboga por la coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, junto con las asociaciones representantes de víctimas del terrorismo, para elaborar un Plan de Acción de España para la defensa en el ámbito internacional de los derechos de las víctimas del terrorismo", añaden las fuentes consultadas.
SATISFECHA CON LAS EXPLICACIONES
Después de recibir estas explicaciones, la Defensora del Pueblo informó el pasado 19 de febrero a Exteriores de que cerraba el expediente abierto en relación con la recomendación hecha al entender que su petición había sido "plenamente satisfecha" por el Ministerio.
El caso que dio pie a estas actuaciones tiene que ver con la etarra María Natividad Jáuregui Espina, detenida en Gante (Bélgica) a principios de octubre de 2013. Está acusada de ser la autora material de los disparos que acabaron con la vida de un teniente coronel asesinado en Bilbao, el 19 de marzo de 1981.
No obstante, la Justicia belga rechazó su extradición en noviembre de 2013 alegando sus "dudas" acerca de que se viesen garantizados los derechos humanos de la detenida en caso de entrega. Y decretó su puesta en libertad. El Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional ha emitido una nueva euroorden contra Natividad Jáuregui.