También pide la misma pena que había solicitado en su calificación previa al juicio para el exteniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon García-Bragado; el entonces gerente de Urbanismo Ramon Massaguer; el exdirector jurídico de esta materia en el Consistorio Enric Lambies, y el arquitecto del proyecto, Carles Díez, que era de cuatro años y siete meses.
Tras el juicio en el que únicamente queda pendiente para la próxima semana la lectura de los informes finales y la última palabra de los acusados, el fiscal solo ha cambiado algunos hechos puntuales como que los responsables sí tenían conocimiento al comienzo de los trámites de los supuestos 3,6 millones de euros que presuntamente tendría que embolsarse con las plusvalías la Fundación del Palau una vez modificado el proyecto, aunque al final supuestamente obtuvieron solo 900.000 euros.
La acusación popular de la Asociación de Vecinos por la Revitalización del Casco Antiguo de Barcelona y los Vecinos en defensa de la Barcelona Vieja siguen pidiendo también las mismas penas solicitadas antes del juicio.
Concretamente, pide siete años de cárcel para Millet y Montull al considerar que intentaron obtener un importante beneficio económico a través de supuestas irregularidades en el proyecto, y solicita tres años de prisión para García-Bragado, tres años para Lambies, nueve meses para Díaz, y seis meses para Massaguer.
LA CAJA FUERTE
La acusación popular, representada por el letrado Àlex Solá, también ha cambiado levemente sus conclusiones y ahora sostiene en su escrito que buena parte de estos 900.000 euros que Millet y Montull supuestamente exigieron al promotor de la obra "fueron ingresados por el acusado Fèlix Millet en su caja de seguridad".
El fiscal acusa a Millet y Montull de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación, y a la excúpula de urbanismo del Consistorio de los supuestos delitos de falsedad en documento oficial y del continuado de prevaricación.