Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta de la diputada del PSOE, Ana Fernández, en el pleno de las Cortes de Aragón, para rechazar la cifra aportada por este concepto desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, y aconsejar a la parlamentaria que se base en datos oficiales.
Al respecto, Fernández ha comentado que esa plataforma cifra esos intereses de demora en la Comunidad en 19.235.000 euros, para opinar que "con la judicialización de determinados asuntos y el dinero que no paga" el Gobierno "está despilfarrando" recursos públicos.
La diputada ha formulado otra pregunta sobre la situación de la recaudación del impuesto de grandes superficies en 2011, 2012 y 2013, para recordar el fallo del Tribunal Constitucional que avala la legalidad de este impuesto verde en Aragón.
La parlamentaria ha comentado que la Unión Europea "le está diciendo a España que hay que empezar a hacer imposición medioambiental", pero, desde el Gobierno autonómico "van al contrario", tras suprimir el impuesto sobre tendidos aéreos, dinero que permitiría "implementar o suplementar actuaciones para el empleo".
El consejero ha indicado que la autoliquidación del impuesto sobre grandes superficies se produce a final de año, así que en 2013 no ha tenido lugar, mientras en las anteriores "no hay morosidad" en estos momentos.
No obstante, ha dicho que está suspendida la ejecución de cobro de 17,5 millones de euros por decisión judicial, tras detectar el Ejecutivo que algunas empresas no habían pagado este impuesto y desarrollar todo el procedimiento preciso, y el Gobierno está a la espera de la resolución para "cobrar lo más rápidamente posible".
IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS BANCARIOS
El consejero de Hacienda ha respondido a otra pregunta del diputado de CHA, José Luis Soro, sobre los procedimientos políticos y jurídicos del Gobierno para establecer en Aragón el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
Saz ha dicho que "el margen de actuación es escasísimo" después de la regulación desde el Gobierno central de este impuesto, para añadir que "no estoy a favor de gravar más" a los ciudadanos, de forma que si bien "entiendo su voracidad fiscal, no la comparto".
El diputado de CHA ha recordado que el Gobierno está obligado a realizar esas actuaciones por mandato de las Cortes aragonesas y ha criticado que no haya planteado un recurso de inconstitucionalidad a la regulación estatal del mismo, como si ha hecho Cataluña.
Ha agregado que esto va a tener "consecuencias perjudiciales para los aragoneses" y ha apuntado que la recaudación de ese impuesto irá destinada a canarios, extremeños, andaluces y catalanes.