Según ha explicado el consejero de Empresa y Empleo, el independiente Francesc Xavier Mena, el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y las agencias de colocación firmarán un convenio para posibilitar a las ETT dar servicios a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Mena también ha avanzado que la Generalitat comunicará al Estado qué desempleados no están buscando trabajo o formándose, con independencia de que cobren o no el subsidio del paro.
Mena ha indicado que en la actualidad, sólo el 8% de los usuarios de las oficinas del SOC se benefician de las políticas activas en contra del desempleo, y este porcentaje debe incrementarse notablemente.
Así, el Gobierno catalán informará al Estado de aquellos desempleados que no acuden a su cita con el orientador laboral o no buscan trabajo, aunque es al Gobierno a quien le compete decidir sobre si deben continuar o no cobrando una prestación, ya que la Generalitat no tiene competencias.
El propósito del Gobierno catalán es dar incentivos a los parados que sean proactivos en la búsqueda de empleo, ya que el Ejecutivo rechaza una "sociedad subvencionada" y busca otro modelo que prime al carácter emprendedor y el esfuerzo de superación.
Sobre los acuerdos con las ETT, el consejero ha defendido que haya cooperación "entre el sector público y privado en materia de colocación laboral", con el objetivo de velar por una contratación ágil de los colectivos que tienen más dificultades.
60.000 BENEFICIARIOS
El decálogo costará 60 millones de euros y se estima que beneficie a 60.000 personas, y el conjunto de medidas se aplicarán de forma urgente.
Entre las medidas, ayudas para las pequeñas empresas --las de menos de 25 empleados que contraten a parados que hayan hecho formación ocupacional--, alcanzar acuerdos con los entes locales para contratar a desempleados que ya no cobren el subsidio y destinar 30 millones de euros para contratar a 12.000 personas con dificultades de inserción y que viven en 143 barriadas que se han beneficiado de la Ley de Barrios.
Otras medidas pasan por alcanzar planes de ocupación con entidades del tercer sector para que contraten a personas paradas que ya no cobran prestación, y colaborar con entidades sin ánimo de lucro para mejorar la atención de los colectivos en riesgo de exclusión.
También se extenderán las 'Aulas Activas de Búsqueda Intensiva de Trabajo', cuya eficacia está demostrada, ya que la inserción laboral de sus beneficiarios es del 40%.
Habrá también acompañamiento mediante orientadores para 22.000 empleados que estén más de 12 meses en paro y lleven seis sin cobrar el subsidio, se ofrecerán cursos de catalán para parados extranjeros y se darán 'Créditos Formación' para los parados que quieran hacer cursos de alta formación y que no subvenciona el SOC.