La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación, Joana Ortega, ha asegurado este lunes que la futura ley catalana de gobiernos locales incluirá "límites" en la retribución de los alcaldes y concejales catalanes.
La medida entrará en vigor en todos los ayuntamientos catalanes salvo Barcelona, porque el Govern quiere ser escrupuloso con las competencias que tiene el Ayuntamiento de la capital catalana, establecidas en su Carta Municipal.
Ortega ha asegurado que la Generalitat tiene plenas competencias en gobiernos locales, punto que no fue recortado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, y por ello, a Cataluña no le afecta la reforma del régimen local impulsada por el Gobierno central, que incluye recortes en sueldo y número de representantes.
Otra de las aportaciones de la ley es garantizar que la prestación de servicios debe ser "de calidad", por lo que, de no cumplirse, la competencia en cuestión pasaría a ser prestada por el consejo comarcal o el Área Metropolitana de Barcelona, en el caso de los municipios que pertenecen a este territorio.
La ley de gobiernos locales no obligará a los municipios pequeños a fusionarse, aunque sí que dará condiciones ventajosas para que voluntariamente, puedan hacerlo las localidades que así lo quieran, ha explicado Ortega en una conferencia de Nueva Economía Forum.
Ortega ha celebrado que hay tres municipios catalanes que han iniciado sus trámites para fusionarse: se trata de tres localidades situadas en la comarca del Pallars Sobirà (Lleida), que son Esterri d'Àneu, Espot y La Guingueta d'Àneu.
SUPRESIÓN DE CARGOS
Los consejos comarcales dejarán de tener un pleno donde están representados cargos electos a ser gestionados por un consejo de alcaldes, por lo que la ley hará efectiva "la supresión de 1.034 cargos públicos remunerados".
Estos cambios en los concejos comarcales no afectarán al Conselh Generau d'Aran, que goza de un régimen específico regulado por una ley propia.
También se pretende impulsar la transparencia en la gestión pública municipal y se prohibirá delegar nuevas competencias a los entes locales sin garantizar su financiación correspondiente.
Se limitará también la creación de nuevas empresas y consorcios públicos, algo que sólo se podrá hacer en casos muy justificados, y se regularán específicamente las competencias en urbanismo de las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD).
La vicepresidenta ha defendido el diálogo entre la Generalitat y el Estado, algo que es "imprescindible en política" y, que según ha recalcado, esta voluntad negociadora y de alcanzar acuerdos forma parte de la identidad de CiU.
Tras reivindicar un sistema de financiación "justo", ha asegurado que el Govern no renunciará a sus planteamientos a cambio de nada, en referencia a la reivindicación de celebrar una consulta de autodeterminación en esta legislatura.