Tres días después --el 27 de septiembre-- de que aconteciese la concentración, Mulet registró una pregunta al Ejecutivo en el Senado en la que denunciaba que "decenas de cargos públicos" fueron "insultados, retenidos, agredidos, amenazados, por un grupo de ultras" entre los que se vio, según mantiene, "a destacados miembros del PP aragonés". En ella, requería al Gobierno si había llevado a los responsables de la concentración ante la Fiscalía.
En su respuesta, el Gobierno ha destacado su "total repulsa a la proliferación de insultos y amenazas y a los intentos de agresión y retención efectuados por un grupo de ultras", que, ha asegurado, "deben ser objeto de la más firme condena en un Estado democrático".
No obstante, ha señalado que el Ejecutivo carece de "mecanismos propios para actuar" llevando a los implicados a la Fiscalía porque esta es "plenamente autónoma". Por ello, le ha recordado a Mulet que el ordenamiento constitucional prevé "la existencia de diversos cauces para poner en conocimiento de la Fiscalía dichos hechos" por parte "de los ofendidos".