Al amparo del artículo 155 de la Constitución se toma esta medida con el objetivo de seguir garantizando el normal funcionamiento de las instituciones de Cataluña, señala el acuerdo del Consejo.
Previa solicitud de la interventora general de la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá transferir a la Comunidad Autónoma los fondos necesarios para atender los pagos correspondientes a las nóminas de los empleados públicos que prestan servicios en Cataluña.
Se realizará bien con cargo a las entregas a cuenta del sistema de financiación, bien con cargo al saldo que figure en la cuenta de consignación abierta el pasado 18 de octubre en el Banco de España para depositar el remanente de las entregas a cuenta, una vez atendidos los pagos propuestos por dicha Comunidad.
El Gobierno señala que esta medida se lleva a cabo en aplicación de la habilitación conferida por el Acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre de 2017, relativo a la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución.