La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo va a trabajar "todo lo posible" para cerrar la próxima semana un acuerdo con el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional (TC) y cumplir así el plazo del 29 de junio acordado entre el presidente, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, como límite para actualizar la composición de varios órganos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno trabaja con el PSOE en la renovación porque servirá para fortalecer el TC y mejorar la imagen de las instituciones españolas "dentro y fuera" del país. "En eso también va la imagen de España, que acaba influyendo en cosas que también dan de comer", ha añadido.
La vicepresidenta se ha negado a interpretar si la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu se ha adelantado en el tiempo para sortear esta próxima renovación de magistrados y que un cambio en la proporción entre progresistas o conservadores variara el sentido del fallo.
"Alguno puede decir 'qui prodest', a quién aprovecha. Yo alguna vez lo he utilizado en sede parlamentaria, pero no voy a entrar ahí. Se trata de renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y alguna otra institución y que podamos fortalecer su trabajo y su composición. Espero que podamos hacerlo en el plazo marcado, es la voluntad del Gobierno y del partido que lo sustenta", ha dicho.
Soraya Sáenz de Santamaría tampoco ha querido opinar sobre la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y ha insistido en la línea argumental de que al Gobierno lo que le interesa es dar estabilidad a las instituciones fundamentales del Estado.
ADMITE CONTACTOS, NO PRESIONES
Precisamente en esta preocupación ha enmarcado las conversaciones entre miembros del Gobierno y diversos representantes políticos sobre la situación del CGPJ, preguntada sobre si habló con la consejera Margarita Uría. La representante del PNV habría denunciado presiones.
La vicepresidenta ha reconocido haber establecido algunos contactos, pero ha añadido que también ha recibido otros y que le parece importante intercambiar puntos de vistas sobre una institución en "crisis".
"Es normal que hablemos de cómo podemos trabajar para fortalecer las instituciones, lo raro sería no hacerlo", ha explicado en la rueda de prensa, para añadir que cómo se hayan interpretado esos contactos es una cuestión sobre la que no opina.
"Yo desde luego intercambiaré opiniones con otros representantes políticos cuando alguna institución está en situaciones delicadas, no sería normal no hacerlo. También puedo decir que algunos me preguntaron a mí antes de que yo les preguntara a ellos", ha expuesto.